• MEDIO: FARO DE VIGO - PRENSA IBÉRICA
• PERIODISTA: JAVIER FRAIZ
• FOTÓGRAFO: IÑAKI OSORIO

El fiscal de Menores de Galicia: “Hay un aumento exponencial de violencia juvenil en zonas de ocio” - “No tenemos constancia de bandas urbanas, pero las fuerzas de seguridad deben estar alerta”

-- Más delitos contra la libertad sexual: “Los padres tienen que controlar las redes e internet, y hace falta una educación afectiva en valores”

Desde 2019, José Manuel Ucha López (Ourense, 1967) es el fiscal delegado de Galicia de Menores, una especialidad en la que trabaja en el ámbito provincial desde 2007. Como ha sucedido en la pospandemia con el incremento de determinados delitos cometidos por los adultos, entre los 14 y los 17 años –el rango de edades en el que los adolescentes tienen responsabilidad penal– también se ha constatado un repunte, en diferentes grados, de infracciones como los delitos contra la libertad sexual, los hurtos y robos, la violencia de género –sube más la violencia familiar que ejercen jóvenes con un comportamiento disruptivo hacia sus padres o abuelos, por factores como una educación permisiva, trastornos de salud mental o adicciones–, así como las agresiones en las noches de ocio. “Estamos notando un aumento exponencial de la violencia callejera entre menores en las zonas de ocio”, advierte el fiscal coordinador. Algunos de los casos son especialmente agresivos, con el empleo de armas blancas.

“A día de hoy, en Galicia no tenemos constancia de la existencia de bandas urbanas, pero las fuerzas de seguridad tienen que estar en alerta por si aparece algún germen que pueda derivar en la constitución de estas bandas, para evitar el trasvase a nuestra comunidad autónoma de la delincuencia organizada juvenil que existe en otras”, apunta Ucha.

El aumento de hechos violentos perpetrados por adolescentes en el contexto de las noches de diversión requiere, en opinión de este experto, más policía en la calle. “En las zonas de ocio de los fines de semana, tiene que haber más agentes de la autoridad, porque su presencia es un elemento disuasorio fundamental”.

Además, José Manuel Ucha insta a que se aplique de manera más habitual la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece multas coercitivas para los progenitores cuando, por ejemplo, sus hijos menores de edad consumen alcohol en la vía pública. “Habría que acudir más a esa vía, que a veces es un tanto testimonial”, considera el fiscal. La sanción se puede solventar con un curso de formación para estos adolescentes, “pero no tenemos constancia de que se estén realizando”, critica. Es una tarea que compete a la Policía Autonómica.

El objetivo de la Fiscalía es conseguir la reeducación de los jóvenes que cometen un delito, por ejemplo a través de libertad vigilada, una labor socioeducativa, un curso de formación en la prevención de la delincuencia o contra el consumo de alcohol y drogas, o con formación sobre sexualidad responsable. En función de la gravedad de los actos, o de la reiteración, los jóvenes delincuentes pueden acabar en un centro de reforma. “Es probable que la primera medida para los menores envueltos en peleas callejeras y con expedientes abiertos en la Fiscalía sea la libertad vigilada, una medida en régimen abierto, pero si siguen participando en actos violentos habrá medidas de internamiento, privativas de libertad”, avisa el fiscal delegado.

Mientras que, en el cómputo general, la delincuencia juvenil se ha mantenido en unas cifras “estables” en los últimos años, determinadas infracciones sí han aumentado. Al igual que sucede con la jurisdicción de los adultos, entre los adolescentes también ha subido el número de delitos sexuales.

“La mayoría se cometen en zonas de ocio y uno de los elementos determinantes es la influencia del alcohol o de las drogas”. El especialista advierte de conductas que elevan el riesgo de comisión de estos hechos, como el acceso sin control de los menores a internet y las redes sociales, un universo en el que pueden visionar pornografía, conductas violentas o “comportamientos sexuales desinhibidos, que se basan en una relación de sumisión y no de consentimiento”, destaca el fiscal. “Los padres tienen que controlar el acceso a las redes sociales y a internet, y hace falta una educación afectiva y sexual en valores. Es imprescindible hacer ver a los hijos el valor fundamental que supone la intimidad de una persona, además de poner sobre la mesa las consecuencias que violar la intimidad de otro puede suponer para los menores y para los propios padres”, explica el fiscal delegado en Galicia de esta especialidad.

Ucha recuerda que la Agenda Española de Protección de Datos dispone de canales prioritarios en los que los padres pueden denunciar una violación de la intimidad o la imagen de un hijo menor. Da una respuesta más rápida que la de la vía penal –además, no bloquea la opción judicial– y conlleva la retirada inmediata de los contenidos.

Por ese cauce, las sanciones que pueden recibir los infractores –la responsabilidad es solidaria de los padres con los hijos menores de edad– “superan con creces a las establecidas en el Código Penal y en la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores”, subraya el fiscal.

“Hay que concienciar a nuestros menores, y concienciarnos también los padres, de que podemos ser responsables de una utilización fraudulenta de las redes sociales por parte de los hijos. La divulgación de ciertas imágenes puede violar la ley de protección de datos, y la Agencia dispone de los mecanismos para retirar los contenidos que supongan un ataque directo, además de imponer multas mucho más cuantiosas que las que puede haber en las vías penal o civil”, explica el especialista.

“Hay que formar en FP a los menores de los centros para darles un futuro”

En los centros de reforma, donde los menores cumplen medidas judiciales, “los programas educativos tienen que orientarse hacia la Formación Profesional”, subraya Ucha. “Sería necesario que la Consellería de Educación implante ciclos formativos para los menores con medidas judiciales, así como para los que tienen trastornos de conducta y están bajo protección, ingresados con autorización del juzgado de Familia”, añade el fiscal. “El ámbito educativo ordinario suele ser un fracaso para ellos, deberíamos aprovechar el tiempo de privación de libertad para formarlos en FP y darles una perspectiva de futuro”.

“Necesitamos un recurso público, como un centro de día, para menores sin tutela con problemas de salud mental”

• Los fiscales provinciales especializados en menores en Galicia, a los que coordina el delegado José Manuel Ucha, plantean varias demandas para mejorar la atención y la protección de los jóvenes. “Necesitamos un recurso público para los menores con problemas de salud mental que no están tutelados, nuestro sistema sanitario debe dar una respuesta”, subraya el fiscal. “Tienen graves problemas de comportamiento en casa, en el ámbito educativo y de convivencia, pero no existe una respuesta para ellos”, expone. Para los adolescentes con problemas psiquiátricos que sí se encuentran tutelados o bajo una guarda, existe un centro en Pontecaldelas (Pontevedra). Para los que residen con sus padres o sus familiares, porque no sufren desprotección, falta una solución. “La unidad infantojuvenil de salud mental es ambulatoria, pero es necesario que estos menores dispongan de un recurso sociosanitario público, como un centro de día, para que puedan tener un tratamiento, aunque duerman en su casa”, argumenta Ucha.

Esta es la demanda principal que plantea la Fiscalía de Menores, pero no la única. La institución aboga por terminar con la “interinidad” de los profesionales de los equipos técnicos de Menores de la Xunta, en las respectivas delegaciones provinciales. “Falta estabilidad y se podría potenciar aumentando la categoría profesional. Hay muchos jóvenes en protección que ni siquiera conocen a su técnico de referencia”.

En los centros de reforma –dos en Ourense, Monteledo y Montefiz–, los menores cumplen medidas judiciales. Montealegre es para los adolescentes que ingresan con una orden judicial por trastornos de conducta. Hay otro en Rábade (Lugo), cuya gestión insta la Fiscalía a que se mejore. Además, ve necesario dotar a este tipo de centros de unidades especializadas para drogodependientes.