El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha abogado por alcanzar un "grado razonable" de consenso jurídico en torno a las funciones que debe desempeñar el Ministerio Fiscal en el siglo XXI

El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, ha abogado por alcanzar un "grado razonable" de consenso jurídico en torno a las funciones que debe desempeñar el Ministerio Fiscal en el siglo XXI, "concretando" qué competencias debe conservar y cuáles son las que deben ser ejercidas por otro tipo de órganos.

Los procedimientos judiciales ingresados en la Fiscalía de Extremadura en 2012 sumaron un total de 76.658 actuaciones, lo que implica algo más de 3.300 incoaciones menos que el año anterior, un descenso de alrededor del 4,20%.

En concreto, este dato ha sido dado a conocer este jueves por el fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, quien ha comparecido en la Comisión de Administración Pública para informar de la memoria de la actividad de dicha fiscalía correspondiente al año 2012.

Blanco ha indicado que los datos contenidos en la memoria "no son un exponente de la evolución de la criminalidad" en la comunidad sino de la litigiosidad penal que conoce la fiscalía, aunque ha considerado que dicha memoria puede servir como un "termómetro adecuado y significativo" de la situación de la criminalidad en la región.

En su intervención, Blanco también ha abogado por alcanzar un "grado razonable" de consenso jurídico en torno a las funciones que debe desempeñar el Ministerio Fiscal en el siglo XXI, "concretando" qué competencias debe conservar y cuáles son las que deben ser ejercidas por otro tipo de órganos.

Por provincias, en Badajoz el descenso de procedimientos ha llegado al 8,41% con respecto al año anterior, mientras que en Cáceres han subido un 3,76%. Según ha abundado Blanco, el número de diligencias urgentes y el número de juicios de faltas se han mantenido en términos similares a 2011.

Esta bajada en términos de procedimientos no se ha correspondido en una bajada del rendimiento de la fiscalía ni de los órganos judiciales, ya que se han registrado un 30% más de procedimientos abreviados abiertos, un 5,26% más de juicios celebrados y 12% más de sentencias penales dictadas.

PLANTILLA

De igual forma, ha indicado que la Fiscalía de Extremadura sigue contando con la misma plantilla de fiscales, en concreto 56, una plantilla que está auxiliada por 50 funcionarios, produciéndose de este modo un "desfase".

De este modo, la ratio de fiscales en la región alcanza 4,7 por cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional fijada en 4,4. Esta ratio, según Blanco, no puede ser tomada con "optimismo", ya que se ha producido en los últimos años un mayor despacho de trabajo que no se ha correspondido con un mayor refuerzo de efectivos, y también por el "aumento de la productividad" desarrollado por la fiscalía en 2012.

El fiscal superior de Extremadura ha informado también de que los delitos que más han sido objeto de acusación en la comunidad han sido los relativos contra la seguridad vial (2.036 ocasiones), seguidos de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (1.830 ocasiones) y los delitos de lesiones (1.232 escritos presentados). Desde el punto de importancia del bien jurídico protegido, Extremadura registró en 2012 un total de 19 procedimientos abiertos por delito de homicidio doloso y 21 por delito de homicidio imprudente.

Por provincias, en Badajoz, a lo largo de 2012, se produjeron nueve homicidios o asesinatos, uno de ellos por violencia de género, lo que unido a los otros nueve de 2011 lleva a unas cifras "desconocidas" en una población que es "tradicionalmente tranquila".

A los homicidios o asesinatos, Aurelio Blanco ha unido los "auténticos ajustes de cuentas" registrados en barrios de Badajoz, que ha pasado de una violencia "intimidatoria" al uso de armas de fuego. Una "espiral" que parece que se ha detenido en 2013, según ha apuntado.

Respecto al descenso global del número de procedimientos, el fiscal superior de Extremadura ha apuntado que el comportamiento de determinadas figuras no ha seguido la misma tendencia. Así ha indicado que, si bien es cierto que los delitos contra la libertad sexual han descendido un 29% en comparación con 2011, no ha ocurrido lo mismo con los delitos relativos a los abusos sexuales y al acoso de menores a través de medios de telecomunicación.

En este punto, ha abogado por la solución extrajudicial en los casos de menos gravedad en el que estén implicados menores, ya que la mediación, en su vertiente educativa y penal, se muestra como un recurso en el que, en su opinión, se debe profundizar.

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

En cuanto a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, los procedimientos respecto a ellos han descendido un 7 por ciento a nivel general. Los delitos patrimoniales que más se producen en Extremadura son los de hurto, cuyos procedimientos abiertos a lo largo de 2012 han aumentado un 5,76 por ciento.

En este sentido, Aurelio Blanco ha considerado que existe una "profesionalización" en torno a la comisión de determinados delitos de hurto, por lo que ha abogado por una modificación del Código Penal para dar una respuesta "más grave" ante estos delitos.

Por otra parte, los delitos de alzamiento de bienes, delitos societarios, o de impagos de pensiones han experimentado una subida porcentual.

Asimismo, y sobre la cuestión de las obligaciones preferentes y las subordinadas, ha considerado que sería "conveniente" un tipo penal 'Ad hoc' para castigar los comportamientos más graves de falta de información en la venta de estos formatos.

En Extremadura, ha dicho, la "mayor parte" de las reclamaciones en este sentido se han ido encauzado a través de mecanismos de arbitraje establecidos por las entidades bancarias o mediante el ejercicio de acciones civiles o mercantiles ante los tribunales, siendo muy pocas las encauzadas por la vía penal.

Así ha indicado que la Fiscalía de Badajoz ha abierto una diligencia en investigación sobre la materia a raíz de una denuncia de un particular, aunque finalmente resultó archivada y se remitió a dicho particular a la vía civil.

Por su parte, la Fiscalía de Cáceres tiene abiertas cinco diligencias de investigación, en su mayor parte tras la comunicación recibida de distintos ayuntamientos de la provincia. En este caso, según ha apuntado Blanco, se está recabando información para determinar si es posible encauzar la denuncia por la vía penal.

CORRUPCIÓN

Por indicación de la Fiscalía General del Estado se ha incluido en la memoria un capítulo dedicado a la corrupción política, social y económica en la comunidad. Los supuestos registrados en la región, según el fiscal superior, no presentan la "gravedad" que en otras zonas.

Para combatir la corrupción, Aurelio Blanco ha indicado que es la propia Administración en todos sus niveles la que debe establecer mecanismos de control y detección de conductas posiblemente corruptas, y solo cuando estos mecanismos fallen se debería acudir a la fiscalía, ha dicho.

También se ha referido a la sustracción de menores recién nacidos, y ha informado de que entre 2011 y 2012 las Fiscalías de Badajoz y de Cáceres han abierto diez diligencias para la investigación de denuncias presentadas por particulares, a lo que habría que añadir alguna otra presentada en los juzgados de instrucción.