El Fiscal Coordinador de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Muñoz, ha participado en el seminario “Protección de los derechos de las personas trabajadoras por cuenta ajena, especialmente los migrantes en situación de precariedad”, al que han asistido representantes de doce Ministerios Públicos de Latinoamérica y el Caribe.

Estas jornadas de trabajo, en las que han intervenido también los fiscales Joaquín López Gallego  y Óscar Barrios, han estado dirigidas por la Unidad Especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la colaboración de la Unidad Especializada de Cooperación Internacional, y se han llevado a cabo en el marco del Programa de conocimiento e innovación para el desarrollo en América Latina y el Caribe —INTERCOONECTA—, puesto en marcha por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Delito de peligro

Este encuentro internacional ha servido para intercambiar conocimientos y buenas prácticas ante los desafíos comunes a los que se enfrentan los diversos países participantes. Se han diseñado estrategias comunes con el fin de incorporar a los ordenamientos que aún no lo contemplen el delito de peligro que permita el castigo de las conductas incumplidoras de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales que generen una situación de peligro grave para la vida, integridad física y/o salud de las personas trabajadoras como mecanismo de tutela intensificada y de carácter complementario de los demás instrumentos normativos de naturaleza preventivo-laboral en el ámbito administrativo sancionador y de las políticas públicas concretas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, particularmente las orientadas a los colectivos más sensibles frente a los riesgos y a los sectores productivos con exposición a riesgos específicos.

En tal sentido, uno de los objetivos de la III Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2025, diseñada por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social -entidad que también ha participado en la celebración  del seminario como socio de conocimiento- consiste en incentivar la incorporación del tipo penal específico y de riesgo de “delito contra la salud laboral” para los supuestos más graves y culpables de incumplimiento normativo, así como en el Convenio 191 de la OIT que reconoce como uno de los principios y derechos fundamentales el de un entorno de trabajo seguro y saludable.

Perspectiva de género

El desarrollo de la actividad ha permitido disponer una visión panorámica y los participantes han coincidido en la necesidad de integrar la perspectiva de género por tratarse de una materia en la que las desigualdades consustanciales a las relaciones laborales se agravan por el influjo discriminatorio de unos estereotipos de género, consolidados y extendidos, generadores de graves desequilibrios, reflexionando sobre cómo abordar todas estas diferencias que se producen entre los distintos colectivos de mujeres y hombres para dar respuesta a la diversidad de realidades del mundo del trabajo. 

Otro de los aspectos claves de la actividad ha consistido en el análisis de situaciones de colectivos especialmente vulnerables en la Región en los que se pone de relieve que son los intereses económicos y la vulnerabilidad económica y social de determinados colectivos los que no permiten garantizar a todas las personas trabajadoras, con independencia del país donde trabajen, unas condiciones de trabajo dignas y seguras evitando que la permeabilidad laboral entre países suponga una merma en su derecho a ver protegida su salud e integridad en el desempeño de su trabajo.

Las jornadas se han celebrado en el Centro de Formación que la Cooperación Española dispone en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).