Celebran su cuarta reunión en la ciudad de Salamanca donde realizan un exhaustivo estudio de los escritos de acusación y las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal

Los Fiscales de Siniestralidad Laboral, dirigidos por el Fiscal de Sala, Juan Manuel de Oña Navarro, abordaron en esta cuarta reunión, que ha tenido lugar los días 19 y 20 de octubre, el estudio de los escritos de acusación, así como de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal y por las Audiencias, al objeto de consolidar prácticas uniformes, en relación al principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal. En el ámbito organizativo, cobró especial importancia el tratamiento que debe darse a la estadística, en relación a la correcta utilización de la aplicación informática Fortuny.

En referencia a las relaciones institucionales, los fiscales analizaron los Convenios con administraciones autonómicas, ante la necesidad de ir adaptando los mismos al contenido del Protocolo Marco de de 19 de septiembre de 2007. Se puso especial énfasis en las relaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esencial para avanzar en la aplicación de los delitos de riesgo –artículos 316 y 317 del Código Penal-, uno de los objetivos de la Fiscalía Especializada. Igualmente se remarcó la importancia de la dirección efectiva de la Policía Judicial en esta materia, insistiendo en la necesidad de potenciar su especialización y en las líneas de actuación que faciliten la operatividad de sus investigaciones, tanto en los delitos de resultado lesivo como de los de riesgo para la vida y salud de los trabajadores.

En cuanto a la intervención del Fiscal en los procedimientos penales se constató con los datos estadísticos la excesiva duración de su tramitación, insistiendo en las actuaciones concretas del Fiscal para el control e impulso procesal de esos procedimientos, teniendo en cuenta particularmente las peculiaridades que presentan los casos en que las víctimas son ciudadanos extranjeros.

Se trataron también problemas relacionados con la autoría, abordando aspectos importantes como la delegación de funciones por parte de los empresarios, las exigencias formales y de fondo que deben cumplir y las consecuencias que pueden derivar para la determinación de las responsabilidades penales de delegante y delegado. En igual sentido se analizaron los presupuestos legales y las peculiaridades de la intervención y posible responsabilidad penal de los Arquitectos Superiores y de los Coordinadores de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras en el proceso constructivo.

Las conclusiones adoptadas serán publicadas en breve, una vez que sean aprobadas por el FGE.