Cuarenta fiscales de toda España participan desde hoy en el curso “La actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de los delitos de odio cometidos contra las personas con discapacidad. Nueva mirada de la disfobia a partir de la circular 7/2019”. Esta actividad formativa está organizada por la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos, y dirigida por la fiscal de la Unidad Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores Avelina Alía y Marta Marquina, hasta hace unas semanas fiscal de la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación y en la actualidad destinada en la Inspección Fiscal.

En la inauguración, la Fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, Mª José Segarra, ha destacado que este curso muestra la cooperación entre las unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado. “Esta actividad refleja todo nuestro quehacer profesional: refleja la coordinación, la transversalidad. Eso es el Ministerio Fiscal”, ha señalado.

Segarra ha apuntado también que los fiscales tienen un deber de propiciar absoluta accesibilidad de los procesos judiciales a la persona con discapacidad en cualquier rol en que se encuentren, tanto si es denunciante como denunciado, víctima o testigo.

Del mismo modo, ha subrayado que, aunque la mayor parte de los delitos se cometen a través de Internet y las redes sociales, el porcentaje de éxito en las actuaciones policiales es muy alto y casi en el 85% los casos se descubre a la persona autora de los hechos.

También se ha referido a la infradenuncia de delitos de odio y discriminación que afectan a personas con discapacidad. “Tenemos que reflexionar sobre qué papel tenemos que hacer para que logremos propiciar una mayor denuncia. Quizá lo mejor sea hacer mejor nuestro trabajo para que una víctima no se sienta desatendida”, ha afirmado.

Segarra ha estado acompañada por el Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, que también ha hecho referencia a la infradenuncia: “Todos los estudios hablan del 80 o el 90%, según los motivos de discriminación. Yo creo que en discapacidad todavía es más elevada. Muchas de las cosas que pasan, sobre todo en las residencias, no nos llegan”, ha apuntado.

Además, Aguilar ha subrayado la importancia de la infradetección, que son aquellos hechos que se denuncian pero que, por falta de reacción, coordinación o preparación de los agentes jurídicos, pasan desapercibidos. Algo que puede dar lugar al archivo de la causa o a degradaciones indebidas del delito. Por eso ha insistido en la obligación de investigar cada caso que llega a la Fiscalía y en la importancia de la mayor formación y sensibilidad por parte de loa actores jurídicos.

“El mayor compromiso institucional por parte de la Fiscalía en su conjunto nos hace grandes y permite no solo favorecer la denuncia, que la ciudadanía confíe más en nosotros, sino también, que cuando se  presenta una denuncia seamos capaces de detectarla y reaccionar con las reglas del Estado de Derecho”, ha concluido.

Una formación especializada para mejorar la detección e investigación de estos casos

Este curso de dos días pretende analizar y reflexionar sobre los delitos de odio y discriminación y la discapacidad para mejorar la detección, investigación y formulación de la acusación de estos delitos cuando la víctima es una persona que sufre algún tipo de discapacidad.

Los delitos de odio cometidos contra víctimas con discapacidad, por motivos de intolerancia no solamente tienen graves consecuencias sobre las mismas, sino también se proyectan sobre todo el colectivo de personas con discapacidad, que de igual modo se siente amenazado, afectando, en definitiva, a toda la ciudadanía al atentar contra el desarrollo de su convivencia pacífica.

En este curso, en el que participan expertos en la materia con un enfoque transversal teórico-práctico, tendrán lugar cuatro mesas redondas:

·         “Las víctimas con discapacidad ante los delitos de odio”, en la que se van a tratar los de la facilitación del acceso a la justicia de las personas con discapacidad a la vista de su vulnerabilidad y la labor realizada por las Oficinas de Asistencia a las Victimas en los delitos de odio cometidos contra estas personas.

·         “Actuación transversal ante la disfobia”, guía de actuación ante víctimas de delitos de odio con discapacidad para su mejor abordaje y protección, características que definen de los delitos e incidentes de odio contra las personas con discapacidad y retos de la Circular 7/2019.

·         “Análisis de la reciente jurisprudencia nacional e internacional en materia de delitos de odio y discapacidad”, con especial análisis de la Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

·         “Casos Prácticos”, para el diseño de buenas praxis en investigación de estos delitos con especial tratamiento de los delitos contra la dignidad de las personas por motivos de discapacidad y la circunstancia agravante de discriminación del artículo 22.4 del Código Penal.

En ellas participarán profesionales como los fiscales delegados de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, de Madrid, Fidel Solera; de Málaga, María Teresa Verdugo; y de Cáceres, Carmen Barquilla; además de la profesora del departamento de psicología social y antropología de la Universidad de Salamanca María Concepción Antón; la psicóloga y facilitadora de la Unidad de Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual de la Fundación A LA PAR, Malluca Alemany, y la Jefa de División de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Comunidad de Madrid, María Jesús Juárez.

Del mismo modo, también intervendrán la consejera técnica del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) Carmen Girón; el director de la Oficina Nacional de Delitos de Odios y Discriminación, Tomás Fernández, y la coordinadora del Área Jurídica de la Confederación Plena Inclusión, Inés de Araoz, entre otros.