El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha inaugurado hoy un nuevo curso de formación continuada titulado ‘El Ministerio Fiscal ante la nueva regulación de la obtención de la prueba electrónica aprobada en el Reglamento (EU) 2023/1543 y la prueba electrónica’, dirigido por el Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.

Esta actividad formativa hace un repaso sobre el estado actual de la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas en materia penal en el ámbito de la Unión Europea a la luz de la próxima aplicación del Reglamento sobre prueba electrónica que se producirá a partir de agosto de 2026.

Casi 50 fiscales españoles y extranjeros participan en una formación de dos días que aborda “un tema candente con un extraordinario plantel de ponentes”, en palabras del Fiscal General, que parte de la importancia de la información electrónica en la era digital.

Las ponencias previstas analizarán la realidad de la cooperación internacional en relación con la obtención de información electrónica alojada en los proveedores de servicios de internet para su utilización como prueba en la mayoría de nuestros procedimientos penales y las limitaciones de los instrumentos legales de asistencia y reconocimiento mutuo existentes ante esta evidente y exigente realidad. Se analizan también las principales novedades, características y desafíos de la próxima aplicación del nuevo Reglamento 2023/1543, su relación con la OEI y con el Convenio de Budapest y su Segundo protocolo Adicional.

Privatización de la cooperación

Asimismo, el programa del curso aborda la distribución de papeles y competencias a los actores de este nuevo orden y su impacto en la cooperación, tanto desde la perspectiva activa del Estado de emisión, con la judicialización plena que predomina con la extensión de la validación judicial importada de la OEI, como desde el punto de vista pasivo, con la introducción del nuevo papel de destinatarios directos de las ordenes de conservación y producción de los proveedores de servicio. Es lo que se ha calificado como una privatización de la cooperación en materia de obtención de prueba electrónica.

Todo ello, desde la perspectiva de las autoridades judiciales y, en particular, desde la perspectiva del Ministerio Fiscal, pero también escuchando la opinión de los cuerpos policiales y de los proveedores de servicios de internet. Especial atención se dedica a la autoridad de ejecución del mecanismo de notificación compensatorio previsto en el artículo 8 del Reglamento o la inseguridad jurídica de la falta de un marco legal homogéneo sobre plazos mínimos de retención de datos en la UE.

Esta actividad formativa es una respuesta a la recomendación del Informe SIRIUS 2024 de Europol, Eurojust y la Red Judicial Europea, que teniendo presente la complejidad y dificultad técnica de la obtención transfronteriza de información electrónica y el desconocimiento del nuevo régimen normativo y modelo de cooperación establecido en el Reglamento 2023/1543, subraya la necesidad de mejorar la capacitación técnica y la preparación de  autoridades judiciales respecto de los instrumentos legales existentes y la utilización efectiva del nuevo paquete normativo en esta materia.

Entre los ponentes se encuentran, además del propio Jiménez-Villarejo, la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente; el Fiscal Europeo Delegado en España, Juan José Navas, y la fiscal adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional Elena Agüero.

También destacados especialistas como el magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra José Manuel Sánchez-Siscart, las catedráticas de Derecho Procesal en la Universidad de Valladolid Montserrat de Hoyos y Coral Arangüena, el capitán de la Guardia Civil del Grupo de Interceptación de las telecomunicaciones Juan Carlos Pérez, el gerente del área de Ordenación Jurídica de Telefónica, Nicolás Sánchez; la experta en e-evidence Rebecca Townsend y la representante del equipo legal español de Google Alicia Sigüenza.