El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado la bienvenida a los integrantes del grupo de trabajo experto en acoso y ciberacoso hacia menores con autismo, que ha celebrado hoy su tercer encuentro en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Este grupo se constituyó en enero de 2025 con el objetivo de elaborar un protocolo de actuación en casos de acoso escolar o ciberacoso en los que la víctima o el autor o autora sean menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Se trata de conseguir llegar a la resolución del conflicto por vía extrajudicial si fuera posible.

A la reunión han asistido la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert; el Secretario de Estado de Juventud e infancia, Rubén Pérez Correa, y representantes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; de la Agencia Española de Protección de Datos; de Policía Nacional y Guardia Civil, del Colegio de la Abogacía de Madrid y de la Confederación Autismo España, además de la Fiscal Adscrita de Menores Mª Teresa Vicente Calvo.

El Fiscal General ha resaltado la importancia de esta iniciativa y el papel que es ella tiene la Fiscalía, como institución que vela por los derechos de las personas más vulnerables. “Por encima de las personas que ocupan los cargos en un momento determinado, Fiscalía de Sala o cualquier otro, lo fundamental es la fortaleza del Ministerio Fiscal y su trabajo continuo y dilatado en el tiempo por las personas con más dificultades”, ha señalado.

Interés del menor como fin fundamental

La Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha resaltado que para la Fiscalía, la prioridad es el interés del menor como fin fundamental, en cualquier caso, y la potenciación de la intervención extrajudicial para conseguir que los menores autores de los hechos interioricen la infracción cometida, comprendan la relevancia de los hechos, además de la reeducación y lograr un vínculo empático con la víctima.

Respecto de las víctimas, la finalidad prioritaria es brindarles un espacio de intimidad, de protección y de seguridad en el que se vean acompañadas y entendidas. Por ello, la intervención extrajudicial ha de ser supervisada en todo momento por profesionales, algo esencial con cualquier persona menor de edad pero que cobra aún más relevancia en el caso de menores con discapacidades. Solo la unión entre profesionales logrará hacer llegar a estos niños y niñas el mensaje adecuado y solo dicha unión abrirá un camino para priorizar el entendimiento, la asunción y la prevención sobre el castigo.

La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM) brinda al Ministerio Fiscal posibilidades distintas de la judicialización como el desistimiento a la hora de incoar el procedimiento; la mediación, conciliación y reparación extrajudicial; el desistimiento a la hora de continuar con la tramitación del procedimiento e incluso, en caso de judicialización, las herramientas de justicia restaurativa a lo largo de la ejecución de la medida. Ello hace que la Fiscalía tenga mucho que aportar en este grupo de trabajo y que suponga un reto más en el trabajo diario de las secciones de menores de las Fiscalías españolas.