El fiscal ve necesaria una mayor presencia policial en las zonas de ocio

José Manuel Pan / REDACCIÓN La Voz 

Miguel Villar / FOTOFRAFÍA La Voz

José Manuel Ucha (Ourense, 1967) es el fiscal de Menores de Galicia y reconoce que hay una cierta alarma social después de los graves sucesos de violencia juvenil ocurridos en las últimas semanas, el último de ellos en A Coruña, donde un menor apuñaló a otro joven en plena calle. Ucha, que acaba de ser distinguido por el Ministerio de Justicia por su labor como fiscal y su dedicación al servicio público durante 24 años, cree que «es necesaria una actuación policial preventiva» en las zonas de ocio para evitar altercados con grupos de jóvenes. 

—¿Hay bandas de menores en Galicia?

—A día de hoy no existen bandas juveniles, pero es necesaria una actuación policial preventiva de las unidades de seguridad ciudadana, las cuales tienen constancia de los altercados en las zonas de ocio entre jóvenes, y que podrían evitarse mediante una presencia policial disuasoria. En Galicia no hay problemas de bandas latinas ni bandas organizadas, pero no podemos excluir su aparición en el futuro y habrá que tomar las medidas de prevención adecuadas, entre ellas la presencia policial en zonas de ocio los fines de semana.

—¿Qué se hace con los menores detenidos por peleas callejeras?

—Si se trata de delincuentes reincidentes, es muy probable que se inste una medida cautelar de internamiento en un centro de menores, si la valoración del equipo técnico aconseja su adopción.

El principio de proporcionalidad que rige en la ley penal del menor impide que se acuda sin más en esos casos a un internamiento cautelar. Ello no obsta que se valore cada caso concreto y si la gravedad de los hechos cometidos, la personalidad del menor delincuente, sus circunstancias personales y familiares lo justifican, se adopte una medida privativa de libertad a fin de alejar al menor de la espiral delictiva y garantizar la seguridad ciudadana.

—Hay quien piensa que al menor le sale barato delinquir.

—Eso no es verdad. Al menor no le sale barato delinquir. Las medidas sancionadoras de la ley penal del menor son lo suficientemente contundentes para tratar de reeducarlo y reconducirlo. A diferencia de la jurisdicción de adultos, para determinar la medida a imponer a un menor se atiende no solo al hecho delictivo, sino también a circunstancias subjetivas como su personalidad, si ya estuvo sometido a otra medida... Y si con un delito menos grave esas circunstancias lo aconsejan, se acuerda el internamiento. En el mismo caso, un delincuente mayor de edad no iría necesariamente a prisión.

—Muchos no entienden que un menor que comete un delito sexual no vaya a la cárcel.

—La ley penal del menor no es represiva, es una ley reeducadora. Al menor hay que darle una oportunidad de reeducación y reinserción. A la sociedad le es más beneficioso reconducir a ese menor porque cuando alcance la mayoría de edad no va a reincidir en la comisión delictiva y la sociedad no va a padecer sus consecuencias. Todo ello sin perjuicio de que si ha cometido un delito de extrema o máxima gravedad pueda ingresar en un centro de internamiento en régimen cerrado, hasta 8 años si tiene 16 o 17 años, o hasta 10 años si comete varios delitos de esa gravedad.

—¿Qué otros delitos preocupan a la Fiscalía de Menores de Galicia?

—Es muy relevante la delincuencia filioparental ascendente, es decir, las agresiones de menores a sus padres. Hubo 211 expedientes por esa causa en el 2021, y son muchos. Esa violencia doméstica nos preocupa, porque muestra que es en el plano educativo y en el familiar donde estos problemas debían atajarse, y no ocurre así. También percibimos que los programas reeducativos que se aplican en los centros de reforma son en ocasiones demasiado generalistas y no se someten a controles de calidad por parte de la entidad gestora. No se analiza el factor criminógeno del menor, que puede tener una patología concreta que lo hace violento en el ámbito familiar y fuera de ese entorno no presenta esas conductas. No es lo mismo un maltratador familiar que un agresor sexual o que alguien que comete pequeños hurtos. No obstante, debo reconocer la labor del personal educativo de los centros de reforma de la Xunta, que trabaja con los programas diseñados por la entidad gestora.

«Tenemos muchos expedientes de menores en riesgo»

La ley del «solo sí es sí» también afecta a la legislación de menores.

—¿De qué manera?

—En los delitos sexuales, la reforma no se armoniza de manera correcta con los principios de la ley penal del menor: proporcionalidad, flexibilidad y no discriminación por edad. El internamiento en régimen cerrado que propone la reforma solo debería aplicarse a la agresión sexual con penetración en donde concurran violencia e intimidación. Es desproporcionado para delitos como el acoso sexual, el abuso sin violencia e intimidación, o el exhibicionismo, pues cuando los comete un adulto no suponen necesariamente el ingreso en una prisión.

—Ustedes también velan por los menores desprotegidos.

—Sí, y en Galicia tenemos muchos expedientes de menores en situación de riesgo. La atención de esos menores corresponde a los servicios sociales municipales, que carecen de medios personales y equipos multidisciplinares. Ahí se produce una discriminación por localización. En las grandes ciudades sí hay esa red de atención primaria, pero en los pequeños municipios no existe. Es algo que deben solucionar las diputaciones, pues la ley les impone el apoyo financiero a los concellos para suplir esos déficits, y no lo están haciendo. Hay mucha diferencia a la hora de tratar esas situaciones de riesgo en función de donde resida el menor.

—¿Cuál es el futuro de esos menores cuando llegan a adultos?

—Es otra preocupación que tenemos los fiscales. Cuando dejan de estar tutelados al cumplir 18 años, en muchos casos salen de los centros de protección sin estar preparados para la vida independiente. Están abocados a la marginación y a la delincuencia. Necesitamos redes sociales de apoyo para tratar de seguir acompañando a esos jóvenes mientras no se reconducen hacia la vida laboral. La Xunta tiene el programa Mentor, pero es selectivo e insuficiente porque solo busca perfiles de menores normalizados, y esos son los menos.