El Conselleiro Maior, José Antonio Redondo y el Fiscal Superior de Galicia, Fernando  Suanzes, firmaron hoy un protocolo de colaboración para la prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Dentro de las nuevas competencias atribuidas al Consello de Contas en materia de prevención de corrupción se prevé la promoción de instrumentos de colaboración con los órganos de la Administración autonómica con competencias en materia de transparencia, con el objeto de promover mecanismos de autorregulación en la implantación, control y seguimiento de los planes de prevención de riesgos de la corrupción en el sector público autonómico y local de Galicia.

Por su parte, el Parlamento de Galicia instó al Consello de Contas para que adoptara las medidas necesarias para cooperar con la Fiscalía Superior de Galicia en la persecución de prácticas corruptas.

Asimismo, la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, por lo que es una pieza indispensable en la colaboración con el Consello de Contas en la prevención de la corrupción.

El protocolo tiene por objeto a colaboración de las instituciones en los siguientes ámbitos de actuación:
 

1. Intercambio mutuo de información: La Fiscalía y el Consello de Contas intercambiarán información sobre actuaciones y hechos que puedan constituir ilícitos penales o de los que se puedan derivar otro tipo de responsabilidades, como la contable, y se darán traslado mutuo de las denuncias y comunicaciones que reciban que afecten al ejercicio de sus propias competencias.

2. Puesta en común de criterios sobre prevención de la corrupción: Ambas instituciones colaborarán en la puesta en común de los criterios adoptados que se consideren adecuados para la elaboración de planes de prevención de la corrupción o programas de cumplimiento normativo que afecten a las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Formación de empleados públicos: Ambas instituciones establecerán un canal de información mutua sobre las actividades formativas que vayan a desarrollar y participarán en la organización conjunta de programas formativos dirigidos a los empleados públicos en los ámbitos de la ética, la integridad pública y el control de la corrupción.