Los fiscales jefes de Andalucía y los delegados especializados en la protección y tutela de las víctimas celebran hoy en la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, ubicada en Granada, una jornada para abordar el seguimiento de la aplicación del Estatuto de la Víctima en los procesos judiciales.

El curso ha sido organizado por la fiscal jefe de la Sala del Tribunal Supremo y delegada de Víctimas, Pilar Fernández Valcarce, que junto a la Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha inaugurado esta primera jornada que se celebrará, posteriormente, con todas las Fiscalías de las Comunidades Autónomas.   

Ana Tárrago ha agradecido que sea en Andalucía donde se inicie esta ronda de jornadas por ser la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla la que mayor representación territorial tiene, además de atender a la más numerosa población como servicio público.

Las medias de protocolo que aplica el Ministerio Fiscal para proteger los derechos de la víctima tienen como objetivo reducir los efectos de la segunda victimización en el proceso judicial. Estas actuaciones han sido expuestas por los fiscales provinciales y los delegados especializados a Pilar Fernández Valcarce para detectar los problemas que surgen en su aplicación y también las que funcionan correctamente. De este análisis se valorará la adopción de medidas en su corrección para ofrecer un mejor servicio a la protección y tutela de las víctimas. 

En el encuentro, al que también ha asistido el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Francisco Ontiveros, se ha abordado el análisis sobre la eficiencia y puesta en funcionamiento de convenio de colaboración firmado por la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía el pasado mes de octubre con el objetivo de reforzar y hacer más efectiva la atención a las víctimas de delitos que sufren una especial vulnerabilidad como menores, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o trata de personas, según regula el Estatuto de la Víctima.

Para ello, el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía, (SAVA), dependiente de la Consejería de Justicia, emite un informe de vulnerabilidad tras llevar a cabo una evaluación individual de las víctimas con necesidades especial protección y seguridad a través de una intervención multidisciplinar en la que se ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas que los requieren. El pasado año, durante el primer semestre se atendieron en la Comunidad a 6.646 personas.