El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha inaugurado esta mañana las II Jornadas conjuntas de fiscales especialistas de Civil y personas con Discapacidad y Mayores que reúnen en Ciudad Real a expertos en ambas materias tras el éxito de las jornadas conjuntas de ambas especialidades del año pasado.

García Ortiz, que ha participado en el encuentro de forma telemática, ha destacado la relevancia de estas jornadas para poner en común experiencias y soluciones conjuntas y abrir el camino para una experiencia de coordinación ejemplar, que puede ser aconsejable cuando las modificaciones legislativas o los problemas de interpretación o de cualquier índole afecten a varias especialidades. Un trabajo común que, de hecho, ha cristalizado en la reciente Instrucción FGE 2/25 sobre las jornadas de especialistas y sus conclusiones.

En estas jornadas, dirigidas por la Fiscal de Sala de la Sección de lo Civil del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, y la Fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, se abordarán, entre otras cuestiones, la nueva red civil internacional de fiscales que va a permitir mejorar la calidad del trabajo y fomentará la unidad del actuación de la Institución dando apoyo con sus conocimientos e indicaciones a los compañeros y compañeras que así lo necesiten en su quehacer diario en el marco de sus atribuciones.

También se analizará la relevancia de los medios alternativos de resolución de conflictos, que promocionan la cultura de resolución pacífica de conflictos, no solo porque puede contribuir a descongestionar los tribunales, sino porque pueden ofrecer soluciones más rápidas y adaptadas a las necesidades de las partes, sobre todo en los asuntos que afectan al derecho de la persona: a la familia.
 
La salud mental como objetivo fundamental

Del mismo modo, tendrá un papel protagonista la salud mental. Durante estos cuatro años transcurridos desde la Ley 8/21, la Fiscalía ha contribuido de forma esencial a la gran transformación de nuestro ordenamiento y de nuestra sociedad que supuso la entrada en vigor del nuevo sistema de apoyos a las personas con discapacidad. Se trataba de una reforma imprescindible en cumplimiento de los mandatos de la Convención de Nueva York, de cuya aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas celebraremos su vigésimo aniversario el año que viene, en 2026.

En ese sentido, el Plan de Acción en Salud Mental 2025-2026 cuenta explícitamente con la Fiscalía como actor indispensable en la cooperación y coordinación institucional. La salvaguarda de la garantía constitucional del derecho a la libertad e integridad física y moral, también en relación con los tratamientos e internamientos en materia de salud mental, es consustancial a las funciones constitucionales de la Fiscalía, que debe prepararse para abordar estos objetivos, liderando, incluso, la respuesta institucional a este reto, como ya lo hizo anteriormente respecto de los derechos de las personas mayores ingresadas en centros residenciales.

Asimismo, estas II Jornadas conjuntas de fiscales especialistas de Civil y personas con Discapacidad y Mayores, que finalizarán el próximo jueves, incluirán también como parte relevante la defensa de los derechos de consumidores y usuarios.