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30 julio 2018

La complejidad de investigar la trata de seres humanos por el crimen organizado y la vulnerabilidad de las víctimas

 

Año tras año, las investigaciones para perseguir los delitos de seres humanos se topan con el gran muro que supone la existencia de un nexo directo de estas prácticas con la redes del crimen organizado, que convierten a las víctimas en personas muy vulnerables y difíciles de obtener la colaboración activa en la persecución del delito.

Trabas que explican el hecho de que muchas de estas investigaciones, tras años de múltiples diligencias, no pueden ser concluidas. Y lo más negativo, por la pérdida de tiempo y de esfuerzos vanos que conlleva, que, a pesar de existir indicios más que suficientes de comisión del delito, casi un 48% de las investigaciones acaban siendo archivadas de manera provisional.

Tres causas provocan este archivo. Una, que no se ha probado fehacientemente la participación de los investigados, que los autores se encuentran ilocalizables –a veces, en el extranjero-, y que las víctimas identificadas, una vez liberadas, acaban por no acudir a sede judicial a ratificar la denuncia o declarar sobre los hechos enjuiciados.

No obstante, y a pesar de esta realidad, el mayor grado de preparación, especialización y compromiso de Fiscales, Jueces y Policía en la persecución de estos delitos, junto al sistema coordinado de protección de víctimas, en colaboración con ONGs integradas en la Red Española contra la Trata, está provocando un significado descenso de los sobreseimientos.

También está ayudando sobremanera la generalización del uso de mecanismos procesales adecuados, como la denominada ‘prueba preconstituida’ de la declaración de la víctima que, tras la sentencia de febrero de 2014, ha sido avalada por el Tribunal Supremo, al declarar que constituye una regla de experiencia que, en los delitos de trata de seres humanos, la presión sobre los testigos es muy intensa, por lo que esa prueba debe ser muy habitual anta la muy probable incidencia de su desaparición, huida al extranjero o incomparecencia al juicio oral, motivada por el temor a las eventuales consecuencias de una declaración contra sus victimarios.

 

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