“El mago es un ser especial: hace un gesto y desaparece la injusticia; hace otro gesto y desaparece el hambre; otro gesto y desaparece la guerra. Luego viene el político y hace desaparecer al mago”. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, utilizó a modo de ejemplo, una cita del realizador norteamericano Woody Allen para poner de manifiesto su visión del papel que ha desempeñado la política española en materia jurídica.

Esto lo hizo en las XI Jornadas de la Constitución, organizadas por el Justicia de Aragón y la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, bajo el título “La reforma de la Justicia: presente y futuro”. En este marco, Torres-Dulce hizo una síntesis de las líneas maestras por las que en su opinión debería discurrir la reforma del sistema judicial español.

Un tema que abordó reseñando en primer término la “mala gestión política en lo legislativo”, que se sustancia, entre otros ejemplos, “con las 27 reformas del Código Penal de 1995” que se han registrado hasta el momento, y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “con 131 años de vida y a la que se ha sometido a un parcheo continuo, sin acometerse una reforma seria”, comentó.

Estudio economico

El jefe del Ministerio Fiscal reconoció que le ha planteado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón un estudio económico pormenorizado, “una reforma judicial exige una cuantiosísima inversión económica para hacerla real”, señaló, y un riguroso estudio de la plantilla, para evaluar si los jueces de instrucción pueden ser sustituidos por los 2.400 fiscales, “de los cuales entre el 75 y el 80% nos dedicamos a tareas penales”, añadió. Asimismo el estudio contemplaría la necesidad de adscripción de policía judicial, nacional y municipal, en su caso, “a dependencia exclusiva del Ministerio Fiscal”.

Sobre las investigaciones, el Fiscal General pidió ”cambiar radicalmente” el hecho de que los procesos penales sean “impulsados y precocinados” por las unidades policiales y tributarias. “Si jueces o fiscales no dirigen la investigación, el nuevo modelo procesal seguirá teniendo las mismas carencias de credibilidad”, constató.

Un último aspecto que abordó el Fiscal fue el de las carencias tecnológicas de la Justicia. “Necesitamos una agencia informática, necesitamos estadísticos”, lamentó Torres-Dulce, y añadió el dato de que “en la última legislatura, el Gobierno central invirtió casi 700 millones de euros en proyectos tecnológicos y ninguno de ellos se llevó a término”·.