Concepción Nicolás García, fiscal con destino en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha impartido hoy el webinario “Delatores, informantes y arrepentidos, ¿protegidos tras la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 en la lucha contra la corrupción y la delincuencia económica?”. 

En este espacio de los Viernes Formativos de la Fiscalía General del Estado, Concepción Nicolás ha profundizado en la situación de vulnerabilidad en la que quedan los denunciantes, cuyo testimonio ha sido clave para las investigaciones de casos de corrupción. A la vez, ha analizado la legislación actual y ha subrayado la implicación de la Fiscalía española, que reclama reiteradamente la regulación de un estatuto integral de protección para los denunciantes. 

La Fiscal ha mencionado ejemplos de denunciantes, alertadores o whistleblowers que han destapado grandes casos de corrupción, escándalos políticos y delincuencia económica o financiera, tanto en España como en otros países.

Generalmente, quienes más saben de fraudes y corrupción son quienes participan en ellos o son testigos directos en la empresa o administración pública donde trabajan. Sin embargo, tras denunciar, el precio que pagan a nivel laboral y familiar es altísimo y puede conllevar amenazas, coacciones, despidos, e incluso la muerte.

A pesar de la importancia de su testimonio como medio de investigación eficaz en tramas macroeconómicas o casos de corrupción, y del compromiso asumido en dos ocasiones por más de la mitad de los países del G20, la mayoría de los países cuentan con una legislación muy precaria para proteger a estos denunciantes o, directamente, no la tienen. Desde 2013, la Fiscalía española ha reclamado reiteradamente la regulación de un estatuto integral de protección para los denunciantes.

La Unión Europea ha tratado de garantizar su protección a través de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. En España, aunque con un retraso de cuatro meses, esta Directiva ha sido traspuesta mediante la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción.

Con estos datos, Concepción Nicolás plantea si la ley proporciona suficiente protección para los denunciantes y si les otorga, finalmente, un estatus integral que los blinde ante cualquier represalia o riesgo personal o familiar.

Concepción Nicolás García accedió a la carrera fiscal en el 2001 y tras su paso por las Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Catalunya y la Audiencia Provincial de Madrid, es nombrada en 2011, Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

En este destino, participa en casos relevantes como el del Banco suizo HSBC, Banco de Valencia, las preferentes de Bankia y Novacaixa Galicia, donde en 2015 se logra la primera condena de directivos de una entidad bancaria confirmada íntegramente en casación por el Tribunal Supremo un año después. 

También destaca su participación en el ‘Caso Lezo’ durante la fase de Diligencias de Investigación. De especial relevancia es su participación desde 2011 en el ‘Caso Gürtel’.