La crisis de la justicia ha sido objeto de debate en el marco de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander. Durante el seminario celebrado en torno a este tema, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quiso esbozar su punto de vista ante esta trascendental cuestión durante la exposición de una conferencia titulada “Los retos del Ministerio Fiscal ante el proceso de cambio”.

Y lo hizo iniciando su intervención con los puntos de conexión existentes entre dos frases pronunciadas, en el mismo sitio pero con una diferencia de cuarenta y ocho años, por el ex presidente Kennedy –“no preguntes lo que América puede hacer por ti; pregunta qué es lo que puedes hacer tú por América”, y la posterior del actual presidente estadounidense Barack Obama -“que estamos en medio de una crisis es algo muy asumido. (…) Nuestra economía está gravemente debilitada, como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por el fracaso colectivo a la hora de elegir opciones difíciles y de preparar a la nación para una nueva era”-. Y su extrapolación a la crisis de la Justicia española, que “también tiene mucho que ver con importantes dosis de fracaso a la hora de elegir opciones difíciles, y, sobre todo, a la hora de prepararnos para una nueva era”.

Entrando de lleno en las posibles soluciones, el Fiscal lanzó una reflexión sobre la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, para deslindar si el objetivo ha de ser que la Administración de Justicia española alcance un estado de operatividad suficiente para lograr resultados eficientes en su trabajo, o si, por el contrario, la Justicia española podría preguntarse si el trabajo que hace es socialmente eficaz. Y si no lo es, o no lo es al nivel que cabría esperar de su nivel de eficiencia, es posible también que antes, o al tiempo, de asegurar su eficiencia, la Justicia española deba asegurar su eficacia, o sea, su utilidad social, apuntó.

Tras señalar el proceso de cambio acaecido en el funcionamiento del Ministerio Fiscal, con el logro de objetivos como el de obtener más autonomía, alcanzar una opción clara por la especialización del trabajo o adaptar la estructura territorial y demográfica de la España de hoy, que han permitido sentar en cuatro o cinco años las bases de un cambio que llevaba pendiente más de un siglo, el Fiscal General reconoció que, con ser hitos importantes, no son suficientes para “salir del siglo XIX y prepararnos para una nueva era, aun cuando esto sí exija elegir opciones difíciles”.

Se trataría, prosiguió el Fiscal, de no olvidar el objetivo de nuestro mandato, recogido en el artículo 124 de la Constitución, y de cómo llevarlo a la práctica en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, con arreglo al interés general y de acuerdo con los principios de legalidad e imparcialidad a la hora de interpretar esa legalidad, y con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica para asegurar que esa misma ley se aplica con igualdad a todos los ciudadanos del Estado. Y a partir de aquí, hacer ver a esos ciudadanos lo que cuesta, en todos los sentidos, la aplicación de la justicia. Puso el ejemplo de la lucha de la corrupción. Un asunto donde el Ministerio Fiscal ha invertido muchos esfuerzos y aplicado muchos recursos, y que, en contra de la opinión generalizada, no significa que “España sea un país de corruptos, sino que España es un país que está logrando perseguir la corrupción con eficacia”.

En esa futura aplicación de la justicia, el Fiscal introdujo un tercer elemento, el de la tecnología que, en el ámbito del Derecho, ha provocado que pasemos de un plano bidimensional (libertad-seguridad) a una esfera tridimensional. Una nueva intersección libertad-seguridad-tecnología que exige también un replanteamiento de todo lo que habíamos estudiado en materia de garantías. Nuevo enfoque, basado en la globalización y en las respuestas transnacionales, que exige una revisión en profundidad de las relaciones jurídicas.

¿Quién se va a encargar de la tarea de llevar ante la Justicia la defensa de esos derechos e intereses?, se preguntó el Fiscal. “Ya lo he dicho: ése es nuestro reto. El reto del Ministerio Fiscal”, respondió. En una primera fase, con el desarrollo del artículo 86 del Tratado de Lisboa, que contempla la creación de una Fiscalía Europea, y, en una segunda fase, para hacer frente con carácter general a la delincuencia organizada grave.