Cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para completar el trámite constitucional y estatutario de cara a su nombramiento como Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que este órgano valore sus méritos e idoneidad para el cargo, último trámite antes de que el Rey proceda a su nombramiento.

En el discurso ante Sus Señorías, Torres-Dulce quiso destacar el hecho de que “la promoción activa de la Justicia, valor primordial constitucional y arco de la convivencia social y del Estado de Derecho, configuran al Ministerio Fiscal como un órgano institucional y procesal activo, imprescindible a la hora de impulsar procesos sin olvido de su imparcialidad y su mandato de vigilancia de los derechos de los ciudadanos”.

Prosiguió su intervención haciendo hincapié en la “satisfacción de los intereses sociales” por parte de los fiscales, “impidiendo cualquier tentación de autismo institucional”. Logro acentuado “desde las reformas de 2003 y muy singularmente desde la de 2007”, con la creación de las Fiscalías Especializadas y las Fiscalías Delegadas, que permiten al fiscal estar presente en todos los campos donde sea necesario perseguir la comisión de un determinado delito.

No quiso dejar la oportunidad de hacer mención expresa a las víctimas de los delitos, “durante gran tiempo las grandes olvidadas del proceso penal”, entre ellas, de manera especial y emocionada, a sus compañeros Carmen Tagle y Luis Portero.

Entrando de lleno en el trabajo que se avecina, Eduardo Torres-Dulce, tras subrayar el objetivo primordial del desarrollo estatutario del Ministerio Fiscal, ha señalado, en este sentido, que “la tarea no ha concluido ni el modelo debe entenderse como cerrado, pues aún puede avanzarse en las línea maestras que el artículo 124 de la Constitución y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981 dibujaron”.

Cuatro líneas de actuación deben seguirse a juicio del futuro Fiscal General del Estado, que pasan, en primer lugar, por “precisar aún más el grado de singularización presupuestaria” con la fijación de las partidas que “aseguren la realidad y eficacia del Ministerio Fiscal” en campos como la formación, la dotación de plantillas, la configuración del personal auxiliar, la política de infraestructuras o el desarrollo tecnológico.

Un segundo eje relacionado con la necesidad de una clara atribución a la Fiscalía General del Estado de los contenidos de la formación “inicial y continuada”, cuya elaboración y propuesta corresponda a la propia Fiscalía, “aunque su ejecución quedara reservada al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)”.

En tercer lugar, “debe ser pieza esencial en la reflexión sobre el mayor papel que el Consejo Fiscal debe tener a la hora de ejecutar su papel esencial de órgano representativo de los Fiscales, como lo evidencia su procedencia nítidamente democrática. Es un contrasentido contemplar esa procedencia de elección y luego abandonarla a una mera tarea de asesoramiento que pugna, con frecuencia, con ser desestimada en pro de la más completa supremacía del Fiscal General del Estado”, señalaba Torres-Dulce.

Por último, el futuro Fiscal General del Estado cree necesario “meditar sobre la estructura integrada de las Fiscalías Especializadas y Delegadas con la del resto de la estructura orgánica”, yendo hacia una regulación uniforme de todas las circulares e instrucciones que se han ido creando para procurar “eliminar disfunciones, contradicciones y evitando tensiones e interferencias que, de tanto en tanto, se producen, a fin de que no padezcan ni el principio de actuación ni el de dependencia jerárquica”.

Libro Blanco del Ministerio Fiscal

La elaboración de un nuevo Libro Blanco del Ministerio Fiscal, que sustituya al ya obsoleto primer documento de mayo de 1995, es una de las iniciativas que Eduardo Torres-Dulce está decidido a impulsar. Un texto que describa “la realidad (toda la realidad) de una institución que sigue comprometida con la sociedad a la que sirve, pero que debe hacer un nuevo balance de situación riguroso que le permita afrontar el futuro con garantías de éxito”, apuntaba el Fiscal ante los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Un Libro Blanco cuyo catálogo debe estructurarse en base a seis extremos. Un primero que pasaría por “un examen pormenorizado y crítico de todas las funciones que, legal y estatutariamente, le son conferidas al Ministerio Fiscal a fin de evaluar la respuesta real de su eficiencia y la utilidad fáctica de tales tareas”. Una segunda consideración relacionada con la detallada relación, ubicación, estado de conservación y titularidad de las infraestructuras materiales donde desarrolla sus tareas el Ministerio Fiscal. Y, directamente relacionada con la anterior, el inventario de aparatos, medios informáticos, aplicaciones registrales y procesales con los que se cuenta para afrontar la “irrenunciable modernización del Ministerio Fiscal”.

El nuevo diseño de la Oficina Judicial, que obedezca “a las características propias del trabajo del Fiscal”, el examen y análisis de la plantilla de fiscales, así como la selección, la formación inicial y continuada son otros aspectos que debe recoger el nuevo Libro Blanco, “cuya elaboración no puede tener una naturaleza puramente endogámica, sino que su contenido y conclusiones debe ofrecerse al Consejo General del Poder Judicial, a los Colegios de Abogados y Procuradores, al Ministerio de Justicia, al Parlamento y, finalmente, “a toda la sociedad”.

Respecto a los elementos de modernización del Ministerio Fiscal, Eduardo Torres-Dulce, tras reconocer el innegable avance producido, subrayó la necesidad de ir más allá. Tanto en la implantación de nuevas tecnologías como videoconferencias o sistemas de grabación, como en la superación del “agujero negro” relativo al desarrollo de aplicaciones informáticas de naturaleza registral y de aplicaciones procesales “tan necesarias como imprescindibles”.

Por último, Torres-Dulce no quiso dejar de hacer una reflexión ante Sus Señorías acerca de la reforma del proceso penal que incorpore un papel preponderante en la fase de instrucción para el Ministerio Fiscal. “Reforma urgente e imprescindible”, sentenció, para, a renglón seguido, señalar que debería buscarse el “máximo consenso posible”, y llevarla a cabo con una “cuidadosa planificación de costes económicos y de ajustes de las plantillas de Jueces y Fiscales”.

Fotografías cortesía del Congreso de los Diputados