Sr. Director del Diario ABC:

La Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, a la vista de la información publicada hoy en su diario a que se hará referencia a continuación, ejercita el derecho de rectificación previsto por el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, interesando que proceda a rectificar la información aludida, dada su absoluta falsedad, ya que esta Fiscalía ha cumplido puntualmente en el asunto de referencia con sus deberes y atribuciones legales.

El diario ABC publica una información bajo el titular “La Fiscalía usa dos varas de medir ante los escándalos del PP y PSOE”, en la que, en relación con el caso Mercasevilla se afirma que “la iniciativa para investigar los hechos tuvo que partir del PP, pues la Fiscalía guardó durante siete meses en un cajón la grabación de dos empresarios que probaban ese intento de cobro de comisiones a cambio de favores. Por el contrario lo que sí ha hecho rápidamente es adherirse a la recusación planteada por el PSOE contra la Juez que investiga esta trama, al considerar que no es imparcial”.

El texto referido imputa gravísimos hechos delictivos a la Fiscalía de Sevilla, que yo dirijo, tales como dejar de perseguir delitos, cuando la realidad es que fue esta Fiscalía la que el 17 de febrero de 2009 inició unas Diligencias de Investigación Penal, tras recibir el día anterior de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un CD que contenía una conversación que podía constituir la prueba de hechos con trascendencia delictiva. El CD iba acompañado de un mero escrito en el que no se relacionaba el contenido del mismo sino tan solo la mera comunicación de posible trascendencia delictiva. Esta Fiscalía ordenó a la Policía Judicial la trascripción de la conversación contenida en el soporte y la identificación de la totalidad de los componentes de la misma. Asimismo, se llevó a cabo igualmente la citación del testigo que constaba como receptor de la mencionada grabación en el escrito que acompañaba la grabación y se recabó documental de la Consejería de Empleo sobre el expediente de concesión de la subvención al que se refería la grabación.

En fecha 7 de abril de 2009 se recibe en Fiscalía el atestado policial finalizado, con trascripción de la conversación objeto de investigación y declaraciones de testigos (quienes grabaron la conversación en las que los directivos de la Fundación Mercasevilla les pedían dinero en nombre de la Junta de Andalucía a cambio de las gestiones para obtener la subvención) e imputados.

Este mismo día la Fiscalía acuerda solicitar al Ayuntamiento de Sevilla la auditoría del resto de subvenciones obtenidas de la Consejería de Empleo por la Fundación Mercasevilla, que debería ser externa en todo caso y se reclama a través del mismo conducto, de la Consejería de Empleo el listado de subvenciones otorgadas por dicha Consejería a través de la Delegación Provincial de Sevilla en los últimos cuatro años. A su vez se acuerda citar y oír en declaración en Fiscalía a los sospechosos, lo que se realiza en días sucesivos a partir del 20 de abril de 2009.

El día 24 de abril de 2009, la Fiscalía tuvo que cesar en las investigaciones por imperativo legal -cumpliendo puntualmente el mandato establecido por el art. 773.2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, sin tiempo a adoptar otras diligencias al conocer la presentación y admisión de la denuncia presentada por el Partido Popular ante el Juzgado de Instrucción,.

Por tanto, la investigación en Fiscalía permaneció entre el 16 de febrero y 24 de abril de 2009: dos meses y 8 días, tiempo en el que se ha impulsado la investigación sin que en momento alguno se haya producido ocultación o dilación interesada de ninguna investigación, ni mucho menos se han ocultado pruebas delictivas en cajón alguno.

Esta información se brindó en su momento por la Fiscalía y le consta a todas las partes personadas en las distintas causas derivadas del caso Mercasevilla.

La Fiscalía Provincial de Sevilla considera que el Juzgado de Instrucción competente siguió la línea de investigación que ya fuera iniciada por el Ministerio Fiscal y la amplió en base a la documentación que había sido previamente pedida y que fue incorporada a la causa. El tiempo en la investigación y el estudio de la distinta documentación aportada ha permitido ampliar otras líneas de investigación en el Juzgado. Estas últimas, las de los ERES actualmente en marcha, han surgido casi dos años después del inicio de la investigación. Difícilmente en los dos meses iniciales de investigación en que la Fiscalía tuvo la dirección de la investigación podrían haberse descubierto todos los hechos que la laboriosa investigación acometida en estos dos años por el Juzgado, la Policía Judicial y el Fiscal de delitos económicos adscrito al caso, han ido descubriendo.

Esta aclaración fue enviada a todos los medios, incluido el ABC, en fecha 10 de septiembre de 2010.

Sevilla, a 21 de febrero de 2011

La Fiscal Jefe. María José Segarra