El fiscal de Sala de lo Civil, José María Paz Rubio, ha participado en una mesa redonda organizada por la agencia de noticias Servimedia para debatir sobre los efectos que la reciente reforma del Código Penal tiene sobre las personas con discapacidad. En su primera intervención antes del coloquio, Paz Rubio ha explicado que el Ministerio Público ha hecho una firme apuesta por la aplicación en nuestro país de la Convención de Nueva York del año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que así se lo ha solicitado a nuestro Tribunal Supremo en el ámbito civil. 

A su juicio, esta reforma supone un avance en la protección de estas personas, que experimentan un refuerzo en su protección jurídica. En todo caso, Paz Rubio ha recordado que en su informe sobre esta reforma, el Consejo Fiscal advirtió de posibles problemas técnicos de interpretación sobre la definición del discapaz de especial protección. 

El Foro  ha sido moderado por el director de Comunicación de Servimedia, Arturo San Román, y han intervenido el Fiscal de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José María Paz; el notario y presidente de la Fundación Aprocor, Ramón Corral; el catedrático de Derecho Penal de la UNED y abogado penalista, Luis Rodríguez Ramos; el magistrado jubilado del Tribunal Supremo, Benigno Varela y la asesora jurídica de FEAPS, Inés de Araoz 

El notario Ramón Corral por su parte ha afirmado que la posición de la Fiscalía es más abierta que la de la judicatura, y que esta predisposición depara a las personas con discapacidad un futuro halagüeño. 

Ramón Corral, notario y presidente de la Fundación Aprocor, una entidad dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, ha admitido que la reforma penal no termina de resolver la problemática que afecta a los notarios en la valoración de las situaciones de discapacidad a la hora de adoptar determinados actos jurídicos, pero, en su opinión, la mayoría de los problemas podrán resolverse por la aceptación de la Convención de la ONU como solución interpretativa. “Ahora ya no cabe duda de que la Convención debe aplicarse y todos los problemas que puedan surgir podrán solucionarse a la luz del principio de que todas las personas tienen la misma capacidad jurídica con el único matiz de si una persona necesita de un apoyo especializado, ya sea para un acto determinado, para un periodo determinado y con mayor o menor intensidad”, recalcó.  

El Fiscal de la Sala Civil del Tribunal Supremo, José María Paz, ha considerado también que la reforma penal supone un avance en la protección jurídica de las personas con discapacidad, pero “¡Ojo!", ha señalado, "porque van a surgir problemas técnicos en su aplicación y existe el riesgo de que algunas personas queden desprotegidas”.  

EL  DEBATE SOBRE LA TUTELA 

La referencia de la Convención de la ONU será muy relevante también para abordar jurídicamente el controvertido debate de la tutela de las personas con discapacidad y su influencia en la resolución de determinados actos jurídicos. 

Un problema que existe, especialmente en el contexto actual, como se ha encargado de poner sobre la mesa el Fiscal José María Paz. “En la última Memoria Fiscal se ve que, sobre todo en momentos de crisis económicas, los tutores familiares abusan y toman dinero de sus pupilos o de las personas sujetas a su tutela”, ha asegurado. Antes de la última Reforma Penal los familiares podían eludir el tratamiento penal de estos casos por la excusa absolutoria, algo que se ha modificado en la nueva ley, pero que no oculta la existencia del problema. 

“La posición de la Fiscalía, que siempre se ha trasladado al Tribunal Supremo, es que la tutela si no está graduada equivale a una especie de muerte civil y que eso es contrario a la Convención de la ONU y está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico”, ha subrayado, para luego señalar que “la posición de la Fiscalía en este tema es Convención, Convención, Convención, es decir, que la dignidad de la persona significa que cuando tenga la mínima capacidad de decidir, hay que resaltarla”. 

Un posicionamiento, el de la Fiscalía, que no ha impedido que en los últimos años haya habido problemas judiciales relacionados con esa misma interpretación de la norma, como se ha encargado de recordar Luis Rodríguez Ramos. “Ha habido más de una ocasión en los últimos años en que se ha calificado inicialmente como falsedad documental ideológica, es decir, como conducta delictiva, lo que como mucho solo podría considerarse un juicio de valoración erróneo sobre la persona que califica un acto jurídico”, ha denunciado, en relación a la valoración de la capacidad para realizar determinados actos jurídicos de personas con determinados niveles de discapacidad.  

Varela ha recordado que la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad reconoce la misma capacidad jurídica a todas las personas independientemente de sus capacidades y ha echado en falta que el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hayan adaptado aún a estos principios. 

Al final, ha afirmado Benigno Varela, lo que hace falta es sensibilizar a la sociedad, a nuestras autoridades y a nuestros legisladores en el tratamiento de la discapacidad.