42 fiscales de todo el país participan en el curso “Actualización de la doctrina del Tribunal Constitucional a la actividad cotidiana del fiscal”, dirigido por el Teniente Fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Pablo Vicente Contreras, y organizado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha intervenido en esta formación para destacar la relevancia de trasladar la doctrina constitucional al día a día de todas las Fiscalías del país y para agradecer la participación de ponentes como el Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, así como a los organizadores de estas jornadas que se celebran en la sede de la FGE.

Durante dos días, los participantes analizan aspectos como la prueba ilícita, la revocación de la sentencia absolutoria, la suspensión de la condena, el habeas corpus y las garantías constitucionales y el derecho a una investigación suficiente y eficaz.

Del mismo modo, se aborda la doctrina constitucional sobre los efectos derivados de crisis matrimoniales y violencia de género, la actualización de la doctrina constitucional sobre prisión preventiva y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La finalidad del curso es hacer llegar a los fiscales la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con cuestiones cotidianas en materia civil y especialmente penal. Un acercamiento que puede ser de ayuda para que el fiscal, como garante de los derechos fundamentales, haga valer esta doctrina no solo en su proceder profesional como tal, sino también ante los órganos judiciales ante los que actúa aplicando la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, que vincula a todos los poderes públicos. Asimismo, se pretende poner también en valor la doctrina del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

Entre los ponentes, además de Contreras y Crespo, se encuentran los fiscales de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional Isabel Guajardo, Eduardo Esteban, María Dolores Guiard y Jesús Caballero; los letrados del Tribunal Constitucional Ignacio Sánchez y Carlos Ortega y el abogado Antonio Agúndez.