María José Segarra, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, ha participado este martes en el diálogo: "Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones", organizado por agencia de noticias Servimedia organiza junto a la Fundación Aequitas.

La semana pasada el Congreso aprobó definitivamente la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para eliminar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y establecer un sistema basado en el apoyo y el respeto a su voluntad.
 
Formación y difusión

La Fiscal de Sala ha destacado la importancia de la formación y la difusión de estas reformas. En este sentido, ha dicho que “nos falta una docencia que nos implique a todos, en primer lugar, a las familias. La igualdad de las personas tiene que venir de la base de permitirlas crecer y de no socavarlas con instituciones como las que teníamos antes, con la patria potestad prorrogada, considerándoles como niños cuando llegaban a la mayoría de edad”.

Además de las familias, los operadores jurídicos juegan un papel fundamental: “La ley tiene un mandato increíble para notarios, jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y personal de las administraciones. Tanto familias como operadores jurídicos necesitan formación”, ha subrayado. Por eso “tenemos que aprender todos y difundirlo. El fiscal tiene una labor de difusión que reconoce la ley”.
 
Un cambio en el criterio de interpretación

Segarra ha explicado que los fiscales intervienen en todos los procesos que se tramitan para constituir los apoyos a la capacidad jurídica de las personas en el caso de que ellas no lo hayan resuelto voluntariamente: “Pero lo primero es lo que la persona haya previsto. Las medidas judiciales solo operarán en el caso de que la persona no lo haya previsto y necesite apoyos. Lo importante es respetar su voluntad”.

Ha reconocido que a partir de ahora habrá un cambio en el criterio de interpretación de los fiscales: “El criterio anterior que teníamos que obedecer en nuestros informes era el de buscar el mayor beneficio para esa persona, buscar el interés para esa persona, que era suplantar su voluntad e indicar la nuestra, de acuerdo con nuestra experiencia. Ahora nuestra función es salvaguardar y ser los intérpretes de la voluntad, deseos y preferencias de la persona”.
 
Priorizar casos para potenciar la autonomía

La Fiscal de Sala ha señalado que ya ha mantenido contacto con las fundaciones tutelares para tratar de potenciar ese aspecto tan importante que es la autonomía de estas personas: “El cambio de perspectiva, ese fomento de la autonomía tiene que venir de las propias fundaciones que nos propongan cómo potenciar la autonomía de estas personas y poder priorizar supuestos en la labor de revisión de sentencias que tenemos que realizar. Hay un plazo que el legislador ha dispuesto para que llevemos a cabo la labor de revisión”.

En este sentido ha abierto la posibilidad de dictar una circular: “La ley sugiere que aprovechemos la rendición de cuentas que hacen los tutores para tramitar esa revisión. Tenemos un mandato general muy amplio. Es evidente que no debería tener el mismo tratamiento a la hora de impulsar estas nuevas medidas la situación de una persona que sufre una enfermedad degenerativa como Alzheimer, que no va a necesitar menos apoyos sino a la inversa, y que prioricemos aquellos supuestos en que la persona tiene una vida por delante y posibilidad de evolucionar hacia una mayor autonomía”.