La Justicia francesa delegó en la española la resolución del ‘caso Prestige’ en lo que a la parte gala corresponde, por la afección de la marea negra en municipios del país vecino, y, a tenor de sus palabras, no pueden estar más satisfechos.

“La cooperación de la Fiscalía es absolutamente excepcional. Estamos impresionados de la manera en que España está gestionando un juicio tan complejo”, ha comentado la magistrada de enlace de Francia en España, Hélène Davo, quien, junto al fiscal encargado del caso en el Tribunal de Brest, Bertrand Lecrerc, han estado presentes, en calidad de observadores, en las declaraciones realizadas por los alcaldes de municipios galos afectados.

Tras haberse dictado por Eurojust en 2005 una Recomendación en la que se inclinaba por que fuese la jurisdicción española la que asumiese el asunto, el Fiscal General del Estado dictó Decreto asumiendo esta propuesta y finalmente la Justicia francesa dejó en manos de la española la resolución del caso. Para concretar el modo en que tan voluminoso e importante asunto había de cederse a España, fueron necesarias aún varias reuniones entre representantes de la Fiscalía General del Estado y las autoridades judiciales francesas.

Finalmente y una vez realizado el traslado pretendido, el seguimiento y tramitación de la causa correspondió al fiscal Álvaro García Ortiz, quien se ha encargado del ejercicio de las funciones que a la Fiscalía competen, entre las cuales se encuentra la cobertura legal de las víctimas. Transcurridos más de cuatro meses de juicio, la impresión de los dos juristas es positiva. “Confiamos en la Justicia española. Es muy seria”, asegura Davo.

Las impresiones que se llevan los magistrados franceses han acabado con ciertos recelos iniciales manifestados por los afectados franceses por la cesión de soberanía judicial, sobre todo después de explicarles la propia Hélène Davo que el fiscal español vela por sus intereses y que el tribunal ha aceptado dar voz a los damnificados, “algo que en el sistema judicial francés es muy importante”, remarca.

Se cumplen ya cinco meses desde que el pasado 13 de noviembre se iniciaran las declaraciones ante la Audiencia Provincial de La Coruña, en el juicio que se sigue por el hundimiento del petrolero ‘Prestige’ frente a las costas gallegas, en noviembre de 2002.

Están acusados en el proceso el capitán del barco y dos miembros de la tripulación, a quienes se imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia.

También se sienta en el banquillo de los acusados el exdirector general de la Marina Mercante en el momento del naufragio, acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió el buque durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas.

La Fiscalía solo reclama penas de cárcel para el capitán del buque, para el que solicita 12 años de prisión, aunque las acusaciones particulares ejercidas por diversos colectivos reclaman prisión para todos los imputados, con penas de entre cuatro y nueve años.

Asimismo están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como resposables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.