El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, y los ministros de Justicia y Fomento, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Pastor, han rubricado en la sede del CGPJ un Convenio por el que las instituciones firmantes se comprometen a agilizar la venta de los barcos incautados por narcotráfico o blanqueo de capitales, sin tener que aguardar a la sentencia firme.

La custodia de los bienes incautados por la comisión de delitos acarrean unos elevados costes a la Administración, y la duración del correspondiente proceso judicial supone un deterioro del valor de dichos bienes. Este acuerdo pretende evitar dichos daños y articula un protocolo de actuación que autoriza a las autoridades portuarias, que custodian las naves embargadas, a proceder a su venta. Esta enajenación de bienes incautados se realizará al amparo de los artículos 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y art. 374 del Código Penal.

Tal y como especifica el Convenio , la tramitación de los procesos penales prolonga las situaciones de depósito más allá de lo que sería deseable y genera un importante riesgo de deterioro, degradación y perdida de valor de los buques y embarcaciones, que inciden en todos sus elementos tanto mecánicos como náuticos. Ello conduce a que se generen cuantiosos gastos de depósito y conservación y perjuicios en la operativa portuaria, a lo que habría que sumar riesgos a las personas y el medio ambiente del entorno portuario.

Todas estas razones de peso debidamente valoradas han conducido a la firma de este Convenio de Colaboración para corregir las disfunciones señaladas y coordinar a las autoridades intervinientes. Con este documento se articula un protocolo de actuación para la enajenación de los barcos aprehendidos, liderado por las Autoridades Portuarias en calidad de gestores del espacio portuario, y en tanto el ordenamiento jurídico otorga a Puertos del Estado un papel coordinador.

Consejo General del Poder Judicial, video de la firma