La Fiscalía de Medio Ambiente, dirigida por el Fiscal de Sala Antonio Vercher, ha coordinado la denominada Operación Refresco, que se ha llevado a cabo en Las Palmas, Tenerife y Zaragoza, y en la que han sido detenidas por el SEPRONA de la Guardia Civil, y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas, noventa y siete personas por el comercio ilegal de gases nocivos para la capa de ozono.

La Fiscalía encomendó el comienzo de la investigación, que se ha prolongado durante siete meses, a la Unidad de Guardia Civil adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente. Esta operación se ha llevado a cabo en cumplimiento de la normativa comunitaria que obliga a los países miembros de la Unión Europea a controlar y sancionar las actividades de producción y tráfico incontrolado de sustancias que agotan o deterioran la capa de ozono (Reglamento 1005/2009 del Parlamento Europeo).

Se trata de la primera operación a gran escala que se desarrolla en España para combatir el comercio ilegal de este tipo de gases. La Fiscalía española ha mantenido durante los días en los que se ha desarrollado la operación un permanente contacto con las autoridades de la Unión Europea, que han enviado a España a un alto cargo para conocer de primera mano los resultados, con la finalidad de poner en conocimiento del resto de países miembros el éxito de esta iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente.

La Fiscalía considera que las personas ahora detenidas podrían haber incurrido en uno o varios de los siguientes delitos:

Art. 348 del Código Penal (CP), referido a la tenencia, comercialización o transporte de sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas para la salud de las personas o el medio ambiente, castigado con penas de prisión de seis meses a dos años.

Art. 325 en relación con el art. 326 CP, que castigan las emisiones o vertidos en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas marítimas, con penas de de seis meses a cuatro años.

Art. 390 CP, que castiga la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles, establece unas penas de prisión de tres a seis años.

Asimismo, la Ley de Represión del Contrabando prevé penas de uno a cinco años para aquellas personas que traficaran con sustancias químicas tóxicas a través de una organización.

El Fiscal de Medio Ambiente en Las Palmas, Javier Ródenas, ha participado tanto en las detenciones de las personas involucradas como en el registro de las 16 sedes y naves vinculadas a la organización empresarial y de los buques que transportaban las bombonas con el gas R-22 (HCFC), cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por sus efectos devastadores para la capa de ozono.

Además, el Fiscal participa de forma activa ante el Juzgado de Instrucción en las sucesivas comparecencias y tomas de declaraciones del casi centenar de personas detenidas.

El uso comercial de este gas está relacionado con la generación de frío artificial para las bodegas de los buques pesqueros en alta mar. Se trata de un gas especialmente tóxico que genera daños en la capa de ozono. Sus efectos dañinos permiten la entrada de rayos ultravioleta que pueden dañar el ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.

EL Juzgado de Instrucción competente ha dictado un Auto con fecha 10 de diciembre por el que acuerda la suspensión temporal de la actividad social de las empresas involucradas en esta trama en todo lo relacionado con la comercialización, aprovisionamiento, suministro, depósito, manipulación, etc. del gas refrigerante R-22, virgen o refrigerado.