En la causa abierta por la investigación de los “crímenes del franquismo”, que instruyó el juez Baltasar Garzón, la Fiscalía basa su petición de archivo en dos argumentos jurídicos. Por un lado considera que los hechos que se narran en las sucesivas querellas que dieron lugar a la apertura del procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional no constituyen un delito de prevaricación. Por otro lado, el Fiscal se opone a la apertura del juicio oral al estimar que las acusaciones populares personadas en la causa, carecen de legitimación procesal para instarla, tal y como estableció el propio Tribunal Supremo en la denominada “doctrina Botín”.