La Fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra, junto con los fiscales adscritos de la Unidad, Avelina Alía Robles y David Mayor, el Fiscal delegado en Andalucía Fernando Santos Urbaneja, y el Fiscal delegado de Jaén, Cristóbal Fábrega, intervienen en el Congreso Jurídico sobre Discapacidad “Ciudad de Córdoba”.

Durante las dos jornadas del Congreso, los fiscales y otros expertos en la materia han abordado en diversas ponencias y mesas redondas aspectos legales como la aplicación de la reciente reforma en apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; la guarda de hecho, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad consumidoras o aspectos procesales y revisión de sentencias.

A lo largo de las diversas intervenciones, los participantes en el Congreso han coincidido en diversas ideas. Una de ellas es que es un motivo de celebración el hecho de que una norma jurídica del máximo nivel (Ley de desarrollo de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad) reconozca, reivindique y regule la autonomía de las personas con discapacidad, por sí mismas o con los apoyos privados o públicos que precise. Esto requiere, según han constatado diversos ponentes, una progresiva toma de conciencia o cambio de mentalidad en aquellos personas o instituciones que se relacionan con las personas con discapacidad.

Y es que es una cuestión de dignidad, igualdad y derechos humanos.

La legislación anterior tenía un carácter "paternalista", que sustraía a las personas con discapacidad la toma de las decisiones que les afectan. La ley actual -de modo muy claro e insistente-, establece la obligación de preocuparse por conocer la voluntad, deseos y preferencias de cada persona y de ayudar o colaborar en su consecución hasta donde sea posible.

Los diversos participantes, entre los que figuran magistrados del Tribunal Supremo y de diversas Audiencias Provinciales, así como abogados y representantes de diversas entidades, han analizado también otras cuestiones como el derecho de estas personas a entender y ser entendido, personas con discapacidad y derecho penal o el papel de las fundaciones de apoyo.