El 17 de diciembre de 2015, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se puso a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía de Pontevedra un detenido, menor de edad, de diecisiete años, en aplicación de lo dispuesto en el art. 17.5 de la LO 5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor.

Dicho menor fue detenido como consecuencia de una agresión en la ciudad de Pontevedra, en la tarde del día de ayer, al Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy Brey, durante un acto de la campaña de su partido a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

Por parte de la Fiscal de Guardia de la Sección de Menores se recibió declaración al detenido, imputándole un delito de atentado a la autoridad, a un miembro del Gobierno de España, previsto y penado en el art. 550.1 y 3 del Código Penal, castigado con penas de 1 a 6 años de prisión y multa.

El menor ha sido examinado por el Médico Forense y por el Equipo Técnico psicosocial adscrito a la Sección de Menores de Fiscalía y a los Juzgados de Menores de Pontevedra.

A la vista del tipo penal imputado, entidad de los hechos, y siendo mayor de dieciséis años, se ha entendido por la Fiscalía que constituyen un supuesto de “extrema gravedad”, previsto en el art. 10.1 b), párrafo segundo, de la LO 5/2000.

Por ello, teniendo en cuenta, además, las circunstancias del menor y demás concurrentes en el caso, se ha solicitado por la Sección de Menores el internamiento cautelar del detenido en un centro cerrado, conforme al art. 28 LORPM, medida que ha sido acordada por el Juzgado por el plazo máximo legal de seis meses previsto en la LORPM.

Con el fin de salvaguardar los derechos constitucionales a la intimidad y propia imagen y protección de la juventud y la infancia (arts. 18.1 y 20.4 Constitución Española), y a la vista de algunas noticias difundidas, se insta a los medios de comunicación para que, en lo sucesivo, cuiden el respeto a tales límites constitucionales en el ejercicio del derecho la libertad de expresión, prescindiendo de la difusión de datos o imágenes que afecten al menor imputado, a su familia o entorno y también a otros menores que, eventualmente, puedan estar relacionados de forma directa o indirecta con el caso.

17 de diciembre de 2015