La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, dirigida por el Fiscal de Sala Antonio Vercher Noguera, ha presentado este martes escrito de acusación contra 16 personas físicas y una persona jurídica en el denominado “Caso Stratvs”, por la autorización y construcción de un macrocomplejo con instalaciones de naturaleza industrial y turística en uno de los lugares con mayor protección de la isla de Lanzarote, el Espacio Natural Protegido de La Geria, al margen de toda la normativa urbanística en vigor.

Tras una compleja pero ágil instrucción de apenas dos años de duración, la Fiscalía ha formulado acusación contra el promotor de la obra, contra el arquitecto que diseñó y dirigió el proyecto, y contra la sociedad explotadora de Stratvs, pero también contra funcionarios y cargos públicos de las tres Administraciones implicadas (el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza), por delitos relacionados con la corrupción urbanística, al haber otorgado permisos a sabiendas de su flagrante ilegalidad, y al no haber adoptado medidas de control pese a que lo construido y la actividad desarrollada tampoco se ajustó a lo que ilegítimamente se había autorizado.

Las autorizaciones, otorgadas contraviniendo la normativa en vigor, permitieron la restauración de una vivienda antigua de valor etnográfico y la construcción de un almacén-bodega subterráneo de 900 m2 de superficie, pero lo que se llevó a cabo fue derribar la vivienda, y construir un macrocomplejo de unos 12.000 m2 construidos en una superficie de más de 9.000 m2 de espacio protegido, que incluyen una bodega industrial, un restaurante, cocinas, una tienda-cafetería, varias terrazas, amurallamientos y otras instalaciones.

Además, se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido, como era el “Barranco del Obispo”, y se excavaron al menos 44.000 m3, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso éste último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria.

En un extenso escrito de acusación, el fiscal de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Ignacio Stampa, subraya que las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental “no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños”.

Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, en la que ha participado activamente el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, y que ha contado con pormenorizados informes periciales emitidos por expertos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, y de la Unidad Técnica de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía concluye que además de la ilegalidad de las autorizaciones y del carácter ilegalizable de las construcciones, la actividad del complejo “Stratvs” ha provocado un grave riesgo para el equilibrio del Espacio