Comunicado con motivo del día internacional de la discapacidad 2019

Fiscalía Delegada de Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía

Fernando Santos Urbaneja, Fiscal Delegado Protección Personas con Discapacidad en Andalucía.

En el año 2019 el desarrollo e interpretación de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad – Nueva York 2006 – ha seguido acaparando el protagonismo en lo tocante a la protección jurídica de los derechos de este colectivo.

Es preciso recordar que se encuentra en las Cortes, a la espera de la reanudación de las sesiones parlamentarias, el proyecto de reforma de la legislación civil española (Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil) para adaptarla a los principios y directrices de la citada Convención, lo cual lleva un insoportable retraso dado que hace más de diez años que España ratificó el texto.

A la par, se observa con preocupación el avance de algunas interpretaciones “radicales” de la Convención por parte de determinados colectivos.
Hay que señalar al respecto que en nuestro sistema jurídico la interpretación de los textos legales en lo tocante a derechos fundamentales corresponde al Tribunal Constitucional y a ella deben someterse los tribunales ordinarios de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 2.

En otro orden de cosas, se contempla también con preocupación el aumento de casos de niños con padecimientos relacionados con el “espectro autista” cuyo número e incidencia era mucho menor hace solo un par de décadas.

Expectativas para el año 2020:

1.- La aprobación de la reforma de la legislación civil antes aludida.
2.- La creación efectiva y dotación de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores” cuya creación se anunció en el Real Decreto 255/2019 de 12 de Abril “Por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes” pero aún no se ha creado de modo efectivo. Ello supondría dotar a las “Secciones de Protección de Personas con Discapacidad” de las Fiscalías de un rango equiparable a las Secciones Penales. En este sentido se está produciendo una discriminación que es preciso corregir pues, tanto desde el punto de vista cuantitativo (más de 3.500.000 personas directamente afectadas), como cualitativo (protección de derechos fundamentales de colectivos especialmente vulnerables en conexión directa del Art. 124 con los Arts 9-2, 49 y 50 de la Constitución) la diferencia de trato carece de justificación.

En Andalucía los problemas más importantes detectados desde la Fiscalía son los siguientes:

1.- Falta de plazas para personas (jóvenes) con discapacidad y trastorno de conducta asociados (Psicodeficientes). Ello está suponiendo una abolición de sus derechos así como una presión sobre familiares, vecinos, profesionales, etc…, difícil de soportar.
2.- Aumento de presencia de personas con discapacidad en el Juzgado de Guardia en calidad de detenidos
3.- Aumento de presencia de personas con discapacidad cumpliendo penas en prisión.

Los retos para el año 2020:

1.- Consolidación de los Fundaciones Tutelares 3
2.- Creación en los Colegios de abogados de un turno de oficio para atender los casos relativos a personas con Discapacidad
3.- Formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de trato de personas con discapacidad.