La Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy ante el Magistrado Instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el escrito de acusación dentro del procedimiento de Tribunal del Jurado que se sigue respecto de Francisco Camps, Ricardo Costa, José Víctor Campos y Rafael Betoret, acusados de un delito continuado de cohecho del artículo 28 del Código Penal.

En su escrito, el Fiscal solicita para los arriba citados las siguientes penas:

A Francisco Camps, como autor de un delito continuado de cohecho, multa de 5 meses y 15 días con una cuota diaria de 250 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

A Ricardo Costa, como autor de un delito continuado de cohecho, multa de 5 meses y 15 días con una cuota diaria de 250 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

A Rafael Betoret, como autor de un delito continuado de cohecho, multa de 5 meses y 15 días con una cuota diaria de 250 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

A José Víctor Campos, como autor de un delito continuado de cohecho, multa de 4 meses y 20 días con una cuota diaria de 250 € y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En su relato de hechos, el Fiscal afirma que entre los años 2005 a 2008, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo –cuya participación en estos hechos es objeto de otro procedimiento-, con el fin de ganarse la amistad y el favor de algunos funcionarios y autoridades con importantes responsabilidades en la Comunidad Valenciana, les hicieron llegar de forma continuada y en consideración a la naturaleza y rango de sus cargos determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir. Todos ellos aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos.

En su escrito de acusación, el Fiscal solicita una abundante y exhaustiva práctica de diligencias de prueba, que consisten en:

Interrogatorio de los acusados

Declaración de 22 testigos

Declaración pericial de funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía,

Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil

Prueba documental, que reúne hasta 75 documentos de distinta naturaleza, bancaria, tributaria, judicial y mercantil entre otras, así como la audición de documentos sonoros.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.4 de la Ley Orgánica de Tribunal del Jurado, el Fiscal propone diversas diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminar, consistentes en:

- declaración de tres testigos

- hoja histórico penal de todos los acusados

- 7 documentos de naturaleza judicial y mercantil

Por último, el Fiscal reproduce la petición que formalizó el 3 de febrero de 2011 de suspensión de la tramitación denegada por providencia de 3 de febrero de 2009, recurrida por el Fiscal. La suspensión se interesa hasta que quede resuelta por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana la cuestión relativa a la admisión o no de las inhibiciones parciales acordadas por el Juez Pedreira, instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.