La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha destacado un incremento del 14,1% en la incoación de diligencias previas en la Comunidad hasta alcanzar los 331.981 asuntos registrados, un aumento que supone un 10% menos que en el año 2019, previo al confinamiento. Se ha registrado un mayor incremento en las provincias con mayor dinamismo poblacional y económico como Málaga y Sevilla.

En la presentación de la Memoria correspondiente al ejercicio de 2021 en el Parlamento de Andalucía, Tárrago ha valorado esta cifra como “muy elevada” para el sistema judicial de Andalucía, dados los medios materiales y de personal con los que cuenta. En este sentido, ha abogado por seguir desarrollando los protocolos de mediación, arbitraje y conformidad para agilizar el sistema judicial.

En su comparecencia parlamentaria, también ha vuelto a reivindicar para la Fiscalía un presupuesto significativo de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia comunitarios para dar un impulso a la implantación del Plan de Modernización de la Justicia y dotarla del expediente digital junto al resto de comunidades autónomas. El objetivo es ofrecer un servicio público del siglo XXI más ágil y eficaz para dar una mejor respuesta a la ciudadanía.

Del mismo modo, Ana Tárrago, ha insistido en reivindicar un presupuesto singularizado para esta institución tras la aprobación en 2016 por todos los grupos parlamentarios en un Proyecto No de Ley para reafirmar la autonomía de la Fiscalía desde el espacio organizativo, presupuestario y formativo.  
 
Aumentos en todos los procedimientos 
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Todos los procedimientos con respecto al ejercicio anterior han registrado aumentos: las diligencias urgentes calificadas han subido un 25,54%, con 29.102 causas; la cifra de los procedimientos abreviados es de 36.243 casos, lo que supone un aumento del 26%; los sumarios se sitúan en 489 procedimientos y un alza del 11,6%; los delitos leves registran 23% más y 25.264 causas, mientras que los juicios con tribunal del jurado han experimentado una subida leve del 1,65% y los datos de incoación son de 123.

Los escritos de calificados han sido 59.166, con un 21,47% más. En diligencias de investigación se observa un 27,4% más, con 4.510 procedimientos. En asistencia a juicios es donde se ha producido una mayor subida, con 58.314 juicio, un 34% más.

También ha destacado el seguimiento e inspección que se realiza a las residencias de mayores, los centros de menores, de personas con discapacidad y a los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Tárrago ha puntualizado que a lo largo de este ejercicio de 2021 la influencia de la pandemia del covid-19 se ha reflejado en la evolución de la criminalidad, incrementando las tipologías como las estafas a través de internet. Se aprecia también esta influencia en descensos significativos en otras infracciones delictivas de signo muy variado como algunos delitos graves contra el patrimonio.

Seguridad vial

La vuelta a la normalidad del pasado año ha fijado los delitos contra el patrimonio y los de seguridad vial como los que más se producen en la comunidad. En el caso de seguridad vial, se ha experimentado un aumento de accidentes de circulación con víctimas mortales y con lesiones tras la apertura de la movilidad después de un largo periodo con tráfico reducido y carreteras despejadas, lo que ha producido en algunos conductores una falsa sensación de seguridad. El exceso de velocidad, la conducción sin carnet de conducir o el consumo de alcohol o estupefacientes son las infracciones que más se han producido. La irrupción de los conductores de patinetes eléctricos en el tráfico vial también ha ido en aumento, cifras que se han reflejado tanto en víctimas como en causantes de la infracción.

Menores

En la especialidad de Menores las diligencias preliminares se sitúan en 13.194, un 31% más que el pasado año y las de reforma han sido de 5. 298, con un aumento del 28%.

Siguen siendo los delitos patrimoniales de pequeños hurtos y las lesiones los que registran mayores cifras. Un año más, la fiscal ha alertado sobre el aumento de los delitos de género y violencia sexual entre los menores. El acceso a contenidos no apropiados a internet como la pornografía, las relaciones afectivas a más temprana edad y los mensajes sexistas que circulan entre sus redes sociales se alejan de los principios de igualdad, tolerancia y respeto y ha abogado por intensificar la educación en igualdad y la prevención para estas conductas que sin ser cifras elevadas en estos momentos sí preocupa por la evolución que viene experimentando.

Violencia sobre la Mujer y Violencia Doméstica

En Violencia sobre la Mujer, la Fiscal Superior ha manifestado que todavía hay cifras desgarradoras por el dolor del asesinato de 8 mujeres por violencia de género. Las estadísticas han arrojado un incremento de un 4,9% respecto al año anterior de los asuntos con 33.264 causas, que representan un alza de 1.576 asuntos más. Se han formulado 10.7381 escritos de acusación y 1.541 sentencias condenatorias. Estos Juzgados mantienen en su carga de trabajo 6 casos penales por uno de civil.

Se ha observado un repunte en la sentencias condenatorias de conformidad, con la cifra de 3.927 asuntos, siendo algo menos de la mitad, 1.777, absolutorias. Se han decretado 269 órdenes de prisión provisional por casos de violencia sobre la mujer y se adoptaron 308 órdenes de dispositivos electrónicos.

En Violencia Familiar y Doméstica, se ha producido un descenso significativo de un 15,6 % de casos, con el registro de 3.119 asuntos. “Se trata de delitos que suponen el mayor reproche penal y social por la carga de vulnerabilidad que conllevan la mayoría de los casos, por tratarse de personas mayores que normalmente no denuncian. Esto se debe a la dependencia afectiva hacia el maltratador y por ello la Fiscalía reconoce que en estos delitos existen bolsas ocultas de maltrato a los mayores” ha señalado Tárrago.

Narcotráfico

Una vez más, ha hecho referencia a la violencia que sufre el territorio como zona fronteriza por la delincuencia transnacional que generan los delitos vinculados al narcotráfico, la inmigración ilegal y la trata de personas para explotación laboral y sexual. Cuatro años después de la puesta en marcha del Plan Especial por el Ministerio del Interior, con la ampliación este año del Plan a toda la costa andaluza, este operativo ha conseguido aumentar la desarticulación de importantes bandas y la Fiscalía llevarlas a juicio y, especialmente, ha trabajado por recuperar el principio de autoridad y por mantener la seguridad ciudadana debilitada en las luchas internas entre bandas y los enfrentamientos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Desde la Fiscalía se continúa ampliando las investigaciones de blanqueo de capitales para recuperar el patrimonio obtenido ilícitamente y este año se han incoado como diligencias previas  un total de 113 causas, 48  de ellas en Cádiz.

Según el Plan Carteia, desde que se puso en marcha el Plan Especial en septiembre de 2018 hasta finales de 2021, el impacto económico de bienes y dinero intervenidos como consecuencia de las operaciones realizadas contra los delitos de tráfico de drogas alcanza la cifra de 263,6 millones de euros, incluyendo sociedades, cuentas corrientes, bienes muebles e inmuebles y efectivo. Y de esta cifra, 146,9 millones de euros se han recuperado de delitos de blanqueo de capitales. Asimismo, ha mostrado su preocupación por la incorporación de menores en tareas del narcotráfico, que conlleva mayor delito, y por la continuidad de los cortes de luz por los enganches ilegales al suministro eléctrico para el cultivo de marihuana.
 
Medio Ambiente

“Crea inquietud dentro de nuestras competencias el efecto tan devastador que está provocando en el cambio climático”, señala. El Ministerio Fiscal realiza una intensa labor en los delitos que se producen en el medio ambiente, la ordenación del territorio y la flora y fauna. En nuestro territorio, según describen los fiscales, persisten los delitos de extracción de agua de pozos ilegales, vertidos a los ríos de alpechín y residuos de granjas, aguas sin depurar por mal funcionamiento de depuradoras, las demoliciones de viviendas ilegales en zonas no urbanizables, nuevas parcelaciones de viviendas no autorizadas e incendios forestales que arrasan miles de hectáreas de la masa forestal. Delitos que tienen un efecto expansivo a toda la población.

Esta Memoria también incluye un apartado final especial sobre su función en la protección de los derechos de personas vulnerables como menores, mayores con necesidad de medidas de apoyo, extranjeros, y personas y colectivos víctimas de ilícitos penales.

Ha destacado que hay un compromiso especial desde el Ministerio Público para todos estos colectivos vulnerables en el trabajo tuitivo y de protección de sus derechos fundamentales, especialmente en etapas de crisis por ser las víctimas ocultas.