El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado que la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, afecta a la Fiscalía y por ello el Ministerio Fiscal debe hacer una reflexión sobre cómo debe organizarse, así como repensar algunas de las especialidades y analizar la manera de ser más eficaces.

En la presentación de una charla a fiscales sobre la nueva norma a cargo de la Directora General para el Servicio Público de la Justicia, Verónica Ollé, el Fiscal General le ha agradecido su disposición para explicar “una ley compleja, difícil y que necesitamos ver de una manera sistemática”.

“Es una ley que toca tantos palos que, sector por sector y momento por momento, va a haber que ir asimilando”, ha añadido.

Junto a él ha estado también la Fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, que ha considerado que esta nueva ley supone “un cambio trascendental en la organización de la planta judicial”, así como “una complejidad también a nivel tecnológico que no se puede obviar”.

Del mismo modo, ha destacado que el Ministerio Fiscal es “un motor imprescindible si queremos que haya una verdadera transformación, tan necesaria, tanto de la organización judicial como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nos va mucho en ello”, ha concluido.

La Ley Orgánica 1/2025

La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, trata de afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba traslado correlativo en la Administración de Justicia.

Para ello, adapta las estructuras de la Justicia para poder hacer frente a las dificultades en el desenvolvimiento normal de los juzgados y tribunales; para superar el reto de ofrecer un servicio público eficiente y justo a la ciudadanía; y, finalmente, para incorporar los valores de solidaridad y de humanismo entre los que la Justicia es la espina dorsal y el elemento imprescindible de la paz social.

“Todo lo que vamos a hacer no se podría haber hecho sin el expediente digital, sin la interoperabilidad, sin todos los temas previos que hemos hecho en el Ministerio por el equipo que está actualmente y por equipos anteriores”, ha afirmado Ollé.

 “También ha habido algunas modificaciones en materia procesal que pretendían ayudar, como la reforma de los recursos de casación y otras medidas”, entre las que ha destacado la eficiencia digital, eficiencia procesal y la eficiencia organizativa.

La Directora General para el Servicio Público de la Justicia, que ha estado acompañada por la asesora de la Dirección General Marta García, ha señalado que la norma pretende “dotar de más funciones a las Oficinas de Justicia en los municipios” con el objetivo de no perder la proximidad con la ciudadanía.

En ese sentido, la Ley Orgánica 1/2025 acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz a modernas Oficinas de Justicia en los municipios.

De esta manera pretende transformar los juzgados en Tribunales de Instancia, con el apoyo de unas Oficinas Judiciales que se redefinen y reestructuran en servicios comunes, y en otros servicios comunes que puedan constituirse.

Asimismo, incluye reformas procesales tendentes a una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales.