Acuerdo para que fiscales y registradores puedan consultar la situación patrimonial y las medidas de apoyo de las personas con discapacidad
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Acuerdo para que fiscales y registradores puedan consultar la situación patrimonial y las medidas de apoyo de las personas con discapacidad
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Decana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Mª Emilia Adán García, han firmado hoy un convenio de colaboración por el que las secciones especializadas de Discapacidad y Mayores de las fiscalías españolas podrán acceder de modo directo a la información registral sobre las titularidades y derechos inscritos en los diferentes registros a nombre de las personas con discapacidad, de cuyos asuntos entiendan en el curso de las diligencias y procedimientos en que deban intervenir por razón de su cargo.
Por su parte, los registradores podrán conocer las medidas que pudieran haberse adoptado para posibilitar el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, solo como instrumento para facilitar el correcto ejercicio de su función calificadora y con la finalidad de evitar la inscripción en el registro de aquellos actos y negocios jurídicos anulables o rescindibles, que se hubieran celebrado sin las suficientes garantías jurídicas.
Vías de consulta
Las secciones de la Fiscalía de Discapacidad podrán realizar las
consultas pertinentes a través de dos sistemas alternativos:
-
Servicio Web: la consulta y recepción de la información resultante se
realiza a través de las aplicaciones de gestión propias del Ministerio
Fiscal mediante servicios web automatizados
- Portal de
Titularidades Reales: los miembros del Ministerio Fiscal o, en su
caso, los funcionarios designados que presten servicio en sus órganos
podrán cursar consultas individuales a través de un portal web previa
identificación mediante un certificado digital autentificado.
El convenio de hoy se firma al amparo de lo previsto por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, reconoce la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, regulando las medidas de apoyo de naturaleza voluntaria, informal y judicial que posibilitan su libre ejercicio, bajo el principio del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.
Al acto de la firma del convenio han asistido la Fiscal de Sala
Coordinadora de la Unidad de Discapacidad, María José Segarra,
Alberto Muñoz (Representante del CORPME en el Foro
Justicia y Discapacidad del CGPJ), y Dulce Calvo
(Directora de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de
Registradores).





