La Fiscalía Provincial y el Colegio de Abogados de Córdoba han firmado un protocolo de actuación para conformidades que pretende agilizar la actividad en los juzgados y simplificar la tramitación de los procedimientos penales a través de la llamada «justicia paccionada». 

Rubricaron este protocolo de conformidades, el Fiscal Provincial de Córdoba, Juan Calvo-Rubio Burgos y el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, en un acto presidido por el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Juan Calvo-Rubio, señaló en el marco de la firma, que lo que se intenta con la conformidad —como fórmula de llegar a un acuerdo entre las partes previamente al juicio—  es “que la Administración de Justicia funcione cada vez mejor y que el ciudadano obtenga una respuesta cada vez más adecuada”.  

El Fiscal Provincial agradeció la disponibilidad del decano para llevar a cabo este protocolo de conformidades, “con el que pretendemos anticipar todas esas conformidades previas que normalmente se alcanzaban momentos u horas antes al juicio, de manera que se evite poner en marcha la maquinaria judicial y el trabajo de la oficina judicial citando a los testigos y abogados”, señaló.Calvo-Rubio añadió que el Ministerio Fiscal, —guiado por el principio de legalidad que defiende los derechos de los ciudadanos—, cuando adopta la decisión de conformidad es porque entiende que se va a dar una mejor respuesta de la Administración de Justicia “tanto a las víctimas como al trasgresor”, en aras a que se establezca una pena menor. 

“Intentamos que la Administración de Justicia funcione cada vez mejor y que el ciudadano reciba una respuesta cada vez más adecuada, por lo que entendemos que este protocolo de actuación puede ayudar a ese cometido”, señaló el Fiscal.  

Agilizar y descongestionar

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, apuntó que no saben si a partir de ahora se producirá un incremento del número de conformidades, pero si que se facilitará que éstas “sean más ágiles” y que contribuyan a “descongestionar los juzgados en cuanto a señalamientos”.

Francisco de Paula valoró los beneficios que supondrá para la Administración de Justicia aliviar la carga que soportan los tribunales, a la vez del beneficio social que supone “fomentar una cultura de acuerdo para resolver los conflictos entre las partes, evitando en todo lo posible el coste y el tiempo que supone poner en marcha todo el aparato judicial”.

El protocolo de actuación se ha establecido para asuntos de carácter penal, incluso en fase de instrucción, y cualquier tipo de delitos, excepto cuando la pena supere los seis años.  

La Fiscalía ha nombrado como responsable al Fiscal Jesús Aparicio, a quien podrán dirigirse los letrados para estudiar las posibles conformidades. Los acuerdos evitarán tener que citar a juicio a testigos y peritos, eliminando las molestias y los costes de la puesta en marcha de este proceso.