En el transcurso del desayuno informativo de la Asociación de la Prensa de La Coruña, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes ha anunciado que estudia “proporcionar información a los medios de comunicación en determinados supuestos” en los que interviene el Ministerio Público, para evitar que las partes implicadas en el proceso proporcionen una versión distorsionada” de los procedimientos.

Según manifestó Fernado Suanzes la comunicación es uno de los temas sobre los que pretender profundizar en el ámbito de su gestión al frente de la Fiscalia de Galicia.  Un asunto que requiere especial atención cuando se trata de los casos vinculados con la corrupción, al ser estos los de mayor trascendencia mediática. 

Suanzes reconoció que en términos generales son los abogados de las partes los que informan a los periodistas y ofrecen unos datos que podrían no garantizar la neutralidad, y apuntó que estudiará con detenimiento la posibilidad de que sea el Ministerio Fiscal el que suministre la información para evitar “versiones distorsionadas“. 

El fiscal superior de Galicia  se refirió específicamente  al “secreto de sumario”,  para aclarar “qué es lo que se puede y lo que no se puede dar” en este delicado momento del proceso. Según manifestó  “el hecho de que no esté declarado el secreto de sumario no significa que esté todo visible para el ciudadano”. “Los cauces exigen un cierto respeto”, aclaró. Ese silencio sin embargo se termina con la apertura del juicio oral, dado que el escrito de acusación se hace visible y es el momento en que se pueden publicar los detalles del proceso. 

Con ello, el fiscal de Galicia invitó a los medios a comprender ese momento justo porque según manifestó “uno de los problemas que hay en el ámbito judicial español es que se tiene la percepción de que todo se puede publicar”.  Por su parte Suanzes pretende  “poner de acuerdo a todos los fiscales gallegos en este sentido, para evitar ciertas problemáticas actuales”.

Asimismo, el Fiscal quiso aclarar el concepto sobre  “la condición de imputado, que supone que un juez cite a una persona contra la que exista una denuncia, una querella o algún indicio racional de la comisión de un delito” por lo que “tiene unas garantías procesales”. 

Consultado por si piensa que los imputados deben estar apartados de los cargos públicos, explica que «la Fiscalía no impone códigos éticos a nadie”, por lo que “cada grupo profesional, cada entidad, ha de regular eso de la manera que estime oportuna”.