Los miembros del grupo cuatripartito que reúne a los fiscales especializados en la lucha antiterrorista de Bélgica, Francia, Marruecos y España, Frederic Van Leeuw, Hassan Daki, Francois Molins y Javier Zaragoza respectivamente. se han reunido en París los días 20 y 21 de octubre, con la finalidad de intercambiar información sobre las  estrategias de investigación y acción penal.

El plato fuerte de esta reunión vino protagonizado por la alerta que los cuatro miembros del Grupo lanzaron a las más altas autoridades nacionales e internacionales, —así como a las empresas, sean operadoras o suministradoras de servicios de telecomunicaciones—, del problema del encriptamiento de las comunicaciones y de los sistemas de bloqueo de las últimas generaciones de teléfonos, tabletas y ordenadores.

Aunque la protección de datos personales sigue siendo un derecho fundamental, según manifestaron los Fiscales,  las amenazas y violaciones al orden público por hechos de naturaleza terrorista, justifican que las autoridades judiciales especializadas tengan en sus investigaciones acceso a los datos de las personas implicadas en hechos de naturaleza terroristas, con respeto de los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad.

“Esto nos permitirá proteger a personas especialmente vulnerables”, aseguraron, “como los menores, ya que hemos constatado un aumento inquietante de su implicación en los asuntos que investigamos”.

“Las nuevas tecnologías, que permiten interconectar el mundo entero son utilizadas para aislar y manipular personas frágiles”, añadieron rotundos. “Por ello, es fundamental para nuestros Estados democráticos que las autoridades judiciales dispongan de las herramientas necesarias para garantizar el respeto de las libertades y la protección de los más débiles”, concluyeron en este sentido. 

Evaluación de la cooperación 

En un año marcado por los atentados que han golpeado Francia y Bélgica, y en el que el estado de la amenaza terrorista sigue siendo particularmente elevado, los miembros del cuatripartito reafirmaron su “firme voluntad”  de mantener los canales de intercambio de información y de comunicación permanente en relación a las investigaciones sobre adoctrinamiento, reclutamiento y financiación de individuos que quieren incorporarse a zonas de conflicto o a los grupos terroristas que preparan acciones violentas. 

Según concluyeron, el balance en el terreno de la cooperación judicial penal, tras los atentados de París y Bruselas es altamente satisfactorio. 

Asimismo, los Fiscales especialistas en lucha contra el terrorismo acordaron proseguir y facilitar la cooperación judicial internacional entre sus respectivos países y, en este ámbito, ejecutar con la máxima urgencia las comisiones rogatorias internacionales en caso de atentado.