La situación de desamparo de tres menores llevó a la Fiscalía de Castellón a interponer ante el Tribunal Supremo un recurso extraordinario por infracción procesal, para que determinara el modo en que debía asumirse la protección y custodia de los menores implicados. 

El Ministerio Fiscal, bajo la supremacía de la defensa del interés del menor, consideró que en este caso la resolución dictada por la sección segunda de lo civil de la Audiencia Provincial de Castellón no eliminaba en su totalidad el riesgo de desamparo de los niños, y solicitó del alto Tribunal que estudiara la conveniencia de que los menores pasaran a una situación de acogimiento pre adoptivo por terceras personas, en vez de acogimiento de familia extensa.

El Tribunal Supremo decide retomar lo acordado por el Juzgado de Primera Instancia de Castellón, en la línea defendida por la Fiscalía, en la que los menores, pasan a situación de acogimiento pre adoptivo, como solución a largo plazo a la dramática situación familiar que hasta ese momento les venía afectando.

La historia

Tres hermanos menores de edad son los protagonistas ante la justicia de este espinoso proceso que situó ante los Tribunales a sus  padres contra la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón. 

Los dos hijos mayores de la madre con su anterior pareja ya habían sido dados en adopción a través de los servicios sociales de la Junta de Andalucía. Y en definitiva, sus antecedentes ya contaban con un pronóstico poco halagüeño.

El punto de partida se inició en febrero de 2010 cuando la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón (DTBSC) incoó un Expediente de Protección de Menores ante la delicada situación de la hija mayor, de un año de edad, con manifiesto retraso madurativo. 

Una protección que luego se hizo extensiva a su hermana menor y que dio como resultado la obligatoriedad por parte de los padres de cumplir sendos ‘Planes de Intervención Familiar’ donde quedaban definidos objetivos para la mejora de la calidad de vida de las pequeñas.

La DTBSC archivó los expedientes de las menores en noviembre de 2011 al considerar que en ese momento, aunque persistían factores de riesgo, se veía una actitud positiva de atención hacia ellas, que descartaba el desamparo. 

Si bien, meses  después,  éste organismo volvió a abrir de oficio el expediente con nuevos factores agravantes: la falta de colaboración de los padres con los servicios sociales, el abandono del tratamiento de estimulación  precoz por retraso madurativo que las niñas llevaban a cabo en la Fundación Síndrome de Down, y el nacimiento de un nuevo hermano que complicó la atención mínima hacia las menores y que a su vez, se encontraba también en situación de indefensión. 

El 11 de junio de 2012,  la DTBSC declara a los menores en situación de desamparo y ordena su acogimiento residencial.  Acto seguido, los familiares, padres y abuelos paternos, recurren la decisión ante la justicia y solicitan, entre otros,  un régimen de visitas y guarda de los pequeños. 

Estas solicitudes fueron desestimadas en septiembre de 2012 cerrando la vía administrativa.

El Proceso Judicial

La Justicia deberá determinar la legalidad o ilegalidad de las resoluciones dictadas por la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón. El competente para ello es el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón, quien, en la línea estimada por el Ministerio Fiscal,  confirma la legalidad y procedencia del desamparo ante la situación cronificada de precariedad económica, la actitud agresiva del progenitor y la falta de colaboración de los padres con las entidades actuantes.

En el transcurso del proceso se observa la posibilidad de que los abuelos se hagan cargo de los pequeños, pero a la luz de diversos peritajes, se concluye que su edad avanzada dificulta la custodia de los menores a largo plazo. 

Precisamente este punto en el que  entran en juego los abuelos, se convertirá en el quid de las resoluciones, al ponerse de manifiesto,  por una parte el deseo de  preservar el principio de ‘preeminencia de familia biológica’, y por otra la pretensión de conseguir para los menores medidas de carácter definitivo que garanticen que el acogimiento pueda llegar a buen término en un dilatado espacio de tiempo. 

Los familiares de los menores apelan el fallo del Juzgado ante la Audiencia Provincial de Castellón, que igualmente admite la procedencia del recurso de desamparo acordado por la DTBSC pero, en esta ocasión, estima la idoneidad de los abuelos a la hora de asumir la tutela de los menores, —si bien, bajo el control de las instituciones sociales de la administración autonómica—. 

El Ministerio Fiscal 

Ante esto, el Ministerio Fiscal presenta un “recurso extraordinario de infracción procesal y recurso de casación por interés casacional” ante el Supremo, donde se revisan nuevamente los informes periciales y testimonios ofrecidos en primera instancia, en la cuestión de los abuelos. 

La Fiscalía considera que los abuelos además de ser personas de avanzada edad con amplia diferencia generacional con los nietos,  no ofrecen garantías de estabilidad que eliminen con carácter definitivo los riesgos que llevaron a los  menores a la situación de desamparo y consideran temerario la ingerencia de los progenitores en la vida de los abuelos, con especial referencia a las conductas del padre.

Además sostiene que “el interés de los menores no pasa por permanecer hasta su mayoría de edad bajo la tutela de la administración pasando de acogimiento en acogimiento ante la incapacidad de los abuelos por razón de edad”

Tras todo este proceso,  las actuaciones concluyen con la decisión del Tribunal Supremo de estimar la casación y retomar en su integridad la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia número 7.