“Al inicio de este nuevo año judicial, me vienen a la mente las luminosas palabras del Marqués de Beccaria, fuente permanente de inspiración para los penalistas: toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica; impulsemos pues toda reforma que aumente la eficiencia del sistema penal, pero hagámoslo con el espíritu magnánimo de un Albert Camus que nos recuerda que si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Con estas palabras ha finalizado Eduardo Torres-Dulce su primer discurso como Fiscal General del Estado en el Acto Solemne de Apertura del Año Judicial, celebrado en el Trubunal Supremo y presidido por su Majestad el Rey Juan Carlos. Reflexión final a modo de síntesis del eje que Eduardo Torres-Dulce pretende seguir durante su mandato.

Antes, al inicio de su discurso, quiso tener el Fiscal General un recuerdo al trabajo de su predecesor en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, “quien durante ocho años de intensa, sólida y coherente actividad, ha dado pasos decisivos para el reforzamiento de un Ministerio Público con cuyos principios e ideales, me consta, se siente indisolublemente identificado. La Memoria que hoy presento es precisamente fiel reflejo de la actividad y funcionamiento de la Institución durante el último año de su mandato”.

A partir de aquí, guió su discurso hacia ese objetivo, proclamado en la Constitución, avanzar hacia una mayor autonomía frente a los Poderes Públicos, de manera que el Ministerio Fiscal se configura como un órgano constitucional de naturaleza activa en la promoción de la Justicia; “es así como debe entenderse la necesidad de su creciente protagonismo en la investigación de los delitos como estoy seguro que se establecerá en el proyecto de reforma de la LECR actualmente en curso”, apuntó.

Para lograr ese objetivo, “en estos momentos avanzamos de forma resuelta a la culminación del nuevo Libro Blanco del Ministerio Fiscal, en un esfuerzo de autoanálisis que ya ha servido para abrir un vivo debate entre los miembros de la Carrera. La metodología misma aplicada para la confección de este documento busca ante todo profundizar en las pautas democráticas de actuación de la Carrera, recabando la opinión de la base y elaborando por medio de decantación una síntesis coherente de las mejores aportaciones”, comentó el Fiscal General.

Un proyecto realista que debe asegurar las bases eficaces de su trabajo frente a los crecientes desafíos normativos y sociales a los que nos enfrentamos, y que, junto con las modificaciones que implicarán los futuros proyectos de reforma de la LECR y de la LOPJ y de la Demarcación y planta conllevarán inevitablemente la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

También mostró su interés en “tender puentes de colaboración institucional con el Consejo General del Poder Judicial, en todos los ámbitos en los que compartimos unos mismos valores y principios y mantenemos intereses concurrentes. Estoy convencido de que nuestra colaboración liberaría importantes energías creativas en estudios preparatorios para la formulación de propuestas de reforma legislativa, en la planificación y desarrollo de programas de formación inicial y continuada, en la implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, asegurando su interoperabilidad, y en el desenvolvimiento de órganos paritarios de cooperación para la defensa de intereses sociales relevantes, como la protección de las víctimas del delito, de los incapaces y ausentes, la prevención de la violencia de género, o la siniestralidad laboral y de tráfico, entre otras materias”.

Se extendió el Fiscal General en el análisis de las actividades de la banda terrorista ETA. “En relación con los tentáculos que periódicamente tiende la banda terrorista ETA para infiltrarse y socavar las instituciones democráticas, mediante el padrinazgo de organizaciones pseudopolíticas, serán cercenados con los instrumentos que nos brinda la Ley de Partidos Políticos tan pronto revelen su verdadera naturaleza. El Ministerio Público será guardián inflexible del cumplimiento de las condiciones impuestas por nuestro Tribunal Constitucional para el mantenimiento en el ámbito de la legalidad de SORTU; procuraré que en ningún momento sus promotores olviden que el ejercicio legítimo del derecho de asociación exige el respeto íntegro de los valores democráticos encarnados en nuestra Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, no sólo de los que a ellos benefician o interesan, y que un partido político no puede ser el caballo de Troya construido para traer la ruina y la devastación de la ciudad que hospitalariamente le acoge. No toleraré humillaciones a las víctimas del terrorismo, apología de sus verdugos o ensalzamiento de las actividades de éstos. Un nivel de tolerancia cero para con sus pupilos es la única respuesta que podemos dar a ETA”, dijo.

En la última parte de su discurso, el Fiscal General hizo una sintética referencia a los datos que han sido obtenidos por medio de las aplicaciones estadísticas de la Fiscalía. Sumados los procedimientos judiciales por delito y por falta se alcanza en el año 2011 la cifra total de 5.290.617 causas penales, 69.398 más que las incoadas en el año 2010, lo que supone un aumento porcentual del 1,33 por 100. Por otra parte, las variaciones interanuales observables en la litigiosidad penal en los años inmediatos precedentes ofrecen la misma impresión de estabilización tras el ligero descenso estadístico que se observó en el año 2010.

En el ámbito de la Audiencia Nacional (Juzgados Centrales de Instrucción) se han incoado en el año 2011 un total de 1.151 diligencias previas, de las cuales 994 correspondieron a la actividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 39 a la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado y 118 a la Fiscalía Antidroga. Se ha observado una reducción general del número de procedimientos en comparación con el año 2010, lo que obedece en parte a la disminución de la actividad terrorista relacionada con ETA y su entorno, y la limitación de la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos de falsificación de moneda, tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje a los casos en que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales a partir de la reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010, de 22 de junio.

El análisis definitivo de la carga de trabajo que pesa sobre el sistema de justicia penal no es completo si no incorpora las cifras correspondientes a juicios de faltas, que en el año 2011, conforme a nuestros datos estadísticos, han motivado la incoación de un total de 812.086 expedientes judiciales, de los cuales el Ministerio Fiscal ha intervenido en un total de 303.022.

Sumados los procedimientos judiciales por delito –previas y urgentes- y por falta se alcanza en el año 2011 la cifra total de 5.290.617 causas penales, 69.398 más que las incoadas en el año 2010, lo que supone un aumento porcentual del 1,33 por 100.

Por otra parte, las variaciones interanuales observables en la litigiosidad penal en los años inmediatos precedentes ofrecen la misma impresión de estabilización, pues en el año 2009 el número total de causas fue de 5.493.616, y en el año 2008 de 5.376.735.

En cuanto a la actividad procesal del Ministerio Fiscal, el dato más destacable radica en que se han evacuado en el año 2011 un total de 304.673 escritos de acusación por medio de sus órganos territoriales; a estos deben sumarse otros 273 evacuados por los órganos centrales del Ministerio Fiscal, con la siguiente distribución: 198 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 36 por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado y 39 por la Fiscalía Especial Antidroga.

Merece ser destacada la importancia relativa que en nuestro sistema de justicia penal han alcanzado las diligencias urgentes para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, dado que el 50 por 100 del total de las calificaciones deducidas por los órganos territoriales del Ministerio Fiscal en el año 2011 se ha producido en dicha modalidad procesal.

Es igualmente reseñable la investigación desarrollada de forma autónoma por el Ministerio Fiscal en la fase previa al proceso: en el año 2011 se incoaron 13.525 diligencias de investigación preprocesal por las Fiscalías Provinciales y de Área y 634 por las Fiscalías de Comunidad Autónoma, lo que da un total de 14.159 diligencias de investigación, 964 más que en el año 2010, lo que representa un incremento del 7,30 por 100.

En definitiva, tras el descenso de la criminalidad que se pudo observar en el año 2010, el año 2011 se caracteriza por una estabilización de las cifras totales aparentemente representativa de un mantenimiento de las tasas delictivas generales.

MEMORIA COMPLETA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO