El Rey Felipe VI ha presidido, por primera vez, el solemne acto de Apertura del Año Judicial, en cuyo marco el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha presentado la Memoria de la actividad del Ministerio Fiscal durante el año 2013.

En su discurso, el Fiscal General, tras recordar la labor realizada por el Rey Juan Carlos, de liderazgo en la construcción de una sociedad de ciudadanos libres, subrayó la “especial densidad histórica” que supone este año este acto, al convertirse “en símbolo de la permanencia del Estado a través de sus más altas instituciones”.

Entrando ya de lleno en la actividad del Ministerio Público durante el año 2013, el Fiscal General llamó la atención sobre el dato bruto de las más de 4 millones de diligencias previas incoadas, y el rendimiento neto de procedimientos con sustantividad propia tras efectuarse el descuento de inhibiciones, acumulaciones y archivos rápidos, que los dejan reducidos a 661.556.  Cifra que es la verdadera referencia cuantitativa de la justicia penal en nuestro país; las calificaciones evacuadas por el Fiscal representan un 23% de la misma.

El Ministerio Fiscal evacuó en el año 2013 un total de 287.740 escritos de calificación provisional, asistió a 171.455 juicios orales por delito, y alcanzó acuerdos con la defensa en el 34% de los mismos; las sentencias fueron acordes con su criterio en un 58% de los casos cuando  las dictaron  Juzgados de lo Penal y  en  un 56% cuando las dictaron Audiencias Provinciales. Asimismo, se incoaron 14.181 diligencias de investigación preprocesal.

En el orden cualitativo merece la pena destacar el descenso interanual del número de causas incoadas por delitos contra la vida humana: se ha producido una reducción del 10 % en homicidios y asesinatos y del 13 % en homicidios imprudentes. Se han formulado sin embargo mayor número de escritos de acusación, pues en delitos de homicidio y asesinato se produce un alza del 6 % y en delitos de homicidio imprudente del 12 %.

En el apartado de las lesiones detectamos un incremento del 1 % de incoaciones en el caso de las dolosas y del 7 % en las imprudentes. En cuanto a calificaciones se ha producido un aumento del 13 % en lesiones cualificadas y del 39 % en lesiones imprudentes. Las calificaciones por delitos de lesiones comunes han experimentado, por el contrario, una reducción del 6 %.

En los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales han aumentado en un 13 % las calificaciones en los casos de víctimas menores de edad, mientras que han descendido un 4 % en los casos de víctimas adultas. Destaca el aumento de calificaciones en delitos de pornografía infantil, que pasan de 228 a 293.

Los delitos contra el patrimonio se caracterizan por una marcada estabilidad en las cifras tanto de incoaciones como de calificaciones, al menos en los tipos más comunes de hurto, robo con fuerza y robo con violencia; los fraudes experimentan un incremento del 8 % de calificaciones. En este punto lo más reseñable es la frecuencia creciente del empleo de medios o entornos informáticos para su comisión.

Otra cuestión destacada por el Fiscal General es la preocupación existente en relación a los tiempos de respuesta procesal. Así, entre la incoación del procedimiento y la evacuación del escrito de calificación provisional por el Ministerio Fiscal transcurren de media 393 días en el procedimiento abreviado, 722 días en el sumario y 538 días en el jurado; desde la calificación provisional del Fiscal hasta la fecha del primer señalamiento de juicio oral transcurren de media otros 532 días en el procedimiento abreviado, 250 días en el sumario ordinario y 317 días en el jurado. Dictada sentencia, el tiempo medio de resolución de los recursos es de 179 días.

Reforzar la cultura del consenso e intensificar la aplicación de los protocolos de conformidad son fórmulas saludables que el Ministerio Público, con su natural pragmatismo, apoya plenamente. Pero se trata en definitiva de remedios puntuales que no deben distraernos del verdadero objetivo modernizador: refundar sobre nuevas bases la justicia penal, subrayó el Fiscal General.

En este punto se advierte, según Eduardo Torres-Dulce, un impasse desazonador. El borrador de Código Procesal Penal de 2013 anunciaba un giro histórico que iba a transferir la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. Su difusión, pese a lo debatible de algunos de sus aspectos, resultó estimulante, a juicio del Fiscal General,  pues animó el debate doctrinal y social sobre un nuevo modelo de justicia penal.

Tampoco dejó pasar la oportunidad el Fiscal General para que no se demoren más determinadas reformas parciales: pienso, particularmente, en la regulación adecuada de las medidas de investigación limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones, en una reducción razonable del número de aforamientos, o en una configuración más precisa del estatuto jurídico del imputado. También estimo que no debe demorarse más una regulación realista de la segunda instancia en el orden penal.

La Fiscalía General del Estado considera oportuno potenciar la actividad investigadora del Fiscal dentro del vigente marco legal. Una de las iniciativas internas plantea la creación de equipos de investigación. Se trataría de constituir en el seno de las Fiscalías más importantes Unidades de Investigación integradas por Fiscales Especializados y asistidas por unidades adscritas de policías y expertos en materias contables, fiscales y otras ramas de pericia técnica.

Eduardo Torres-Dulce también se refirió al Libro Blanco del Ministerio Fiscal, cuyas propuestas “no debieran caer en saco roto”. Necesitamos un Ministerio Fiscal cuya organización, funciones, medios materiales, infraestructuras, y recursos formativos, se dirijan resueltamente a asegurar su intervención activa en la jurisdicción. Sólo la eficiencia imparcial de su labor permitirá a los ciudadanos percibir ese esfuerzo del Ministerio Fiscal de promoción activa de la justica que le exige el art. 124.1 de la Constitución. En este terreno lo que no suponga un significativo aumento de la autonomía funcional y orgánica del Ministerio Fiscal redundará en una percepción ciudadana muy negativa”, remachó.

En referencia al problema de la corrupción, el Fiscal General dijo que “existe la corrupción pública, que daña seriamente la imagen de la función pública y su erario, que debe estar al servicio de las necesidades sociales, la corrupción política, que mina la credibilidad del sistema democrático, base del pacto social, y la corrupción privada, que en el terreno financiero compromete gravemente la estabilidad económica y la distribución de la riqueza y provoca crisis con repercusiones sociales que amplían desigualdades intolerables”.

MEMORIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO