“Asumo por octava y por última vez el cometido de informar sobre la actividad del Ministerio Fiscal y la evolución de la criminalidad, como dispone el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo hago, en primer lugar y ante todo, deseando que el pequeño contratiempo que ha impedido a S.M. el Rey oficiar hoy en su calidad de primer destinatario de este informe se resuelva, como todo parece indicar y todos esperamos, en la molestia más leve y el tiempo más breve”, con estas palabras inició el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, su último discurso en el solemne acto de apertura de Tribunales.

Ya en el análisis de la actividad, quiso resaltar con satisfacción la tendencia al descenso del número de procedimientos penales, valorada ya el pasado año como un incipiente “dato esperanzador”, se ve confirmada e incrementada, traduciéndose en datos ya netamente orientados a la baja. Se abrieron en 2010 un total de 4.472.042 causas por delito, lo que significa una reducción del 5,82 por ciento respecto del ejercicio anterior, a pesar de que siga reflejando “un índice de litigios absolutamente desproporcionado tanto respecto de la propia realidad criminológica de España como de la actividad procesal de los países de nuestro entorno”.

En esa línea de descenso de la delincuencia, se congratulaba especialmente de la experimentada por la actividad terrorista. “Como siempre estuvimos seguros de que ocurriría, aferrados a la dignidad de sus víctimas, asistimos a la derrota legal, material y moral de quienes se creyeron absurdamente capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles. Aunque en ese agónico final persista la incapacidad de los terroristas y sus valedores para reconocer su trágico y cruento desatino histórico, renunciando expresa, clara y definitivamente a la imposición de sus tesis totalitarias mediante la violencia”, recordando cómo en marzo de 2010 volvieron a matar, haciéndonos sentir como propia la pérdida del policía francés Jean Serge Nerin.

Por todo ello, y por su “cínica y acostumbrada ambigüedad de que suspendían las acciones armadas ofensivas, policías, jueces y fiscales permanecemos y permaneceremos vigilantes e inflexibles en el cumplimiento de la ley”. Actuación corroborada por la detención en 2010 de 94 personas y 35 arrestos producidos fuera de nuestras fronteras corroboran el inestimable valor de la cooperación internacional, con Francia a la cabeza.

“Tampoco bajamos la guardia frente al terror ‘yihadista’. Aunque de nuevo se saldó el año sin acciones criminales en suelo español, sí hubo detenciones, juicios y sentencias condenatorias contra personas vinculadas a ese complejo fenómeno violento. Haciendo valer la fuerza preventiva del Derecho Penal, la misma Fiscalía de la Audiencia Nacional que marcó un hito en la lucha contra el terrorismo internacional al sentar en el banquillo a los responsables del atentado del 11-M, ha sabido mantener después el pulso frente a esa amenaza global”, se refería con el estas palabras el Fiscal General del Estado a esta otra gran amenaza global del terrorismo.

Pero el avance tenaz contra el terrorismo vino acompañado en 2010 de un relevante progreso frente al resto de tipolologías delictivas, singularmente en el terreno de la seguridad ciudadana. Así, se redujeron en un 3,41 por ciento los procedimientos por asesinato y homicidio intencionado, y las diligencias previas por lesiones dolosas bajaron en más de 200.000, en torno a un 22 por ciento. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales descendieron en su conjunto cerca del 7,5 por ciento, y entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que siguen constituyendo la mayor fuente de trabajo de la Justicia, con más de dos millones de asuntos, los tramitados por delito de hurto cayeron un 13 por ciento, los de robo con fuerza casi un 15 por ciento, y los de robo con violencia o intimidación se redujeron en un 20,89 por ciento.

Creció también la atención y la presión de la acción policial y de la Justicia en las zonas más oscuras de la crisis económica que hoy zarandea la economía española y mundial. Aumentaron los procedimientos por estafa, por blanqueo de capitales y falsedades, así como los relativos a delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que son los que, con un 40,87 por ciento, registran un incremento más acusado, lo que pone de relieve una persecución cada vez más intensa del fraude fiscal.. Aunque insistiré una vez más en que la respuesta penal para la protección de nuestros intereses financieros, no será plenamente eficaz mientras la cohesión económica de Europa no cuente con un sistema de tutela adecuado, mediante el desarrollo de la figura del Fiscal Europeo que contempla el Tratado de Lisboa.

Los datos recogidos muestran que el descenso de algunos delitos no comporta una reducción del esfuerzo del Fiscal y del conjunto de la Justicia, sino su dedicación más intensa a nuevos problemas. De ahí que, pese al significativo retroceso de los delitos más comunes, en 2010 el Ministerio Público formulase 305.610 acusaciones, sólo un 1,08 por ciento menos que el año anterior, centrándose esa reducción en los hechos de menor importancia, que se tramitan por el procedimiento urgente, mientras que los escritos de acusación en el procedimiento abreviado incluso se incrementaron en casi un 5 por ciento.

“Sostuvimos asimismo la posición activa del Ministerio Fiscal en la investigación, incoando y tramitando 13.684 diligencias preprocesales que, además, se concentran señaladamente en los ámbitos de especialización propios de la nueva realidad criminológica, como los delitos contra la ordenación del territorio, la violencia de género o la siniestralidad laboral, y en especial los más complejos delitos económicos y contra la Administración Pública”, resumía el Fiscal General algunas de las líneas de actuación acometidas.

En este terreno, sigue resultando especialmente encomiable el ejemplar rigor de la Fiscalía Anticorrupción, pese a la seria dificultad que implica la persecución de delincuentes poderosos, que gozan del privilegio del acceso a la opinión pública o que aprovechan su presencia en el mundo de la política para tratar de deslegitimar, en su propio provecho, la acción de la Justicia. Por sí mismos o bien con el apoyo de quienes insisten en el error de contemplar la lucha contra la corrupción en términos de contienda política o electoral, en lugar ayudarnos, unidos sin fisuras, a erradicar esa seria amenaza para la solvencia ética y la credibilidad de nuestro Estado de Derecho.

“En lo demás, no queda sino remitir a la lectura de la Memoria anual que hoy ve la luz, el detalle de lo mucho que este acto no puede abarcar. En ella, la precisión de cada dato y la lógica de cada explicación nacen de la concienzuda tarea de cada fiscal, responsable de su propio trabajo. Así se ha hecho posible en los últimos años una sustancial mejora de la calidad y la cantidad de la información que contiene, ofreciendo la fotografía nítida del esfuerzo de una Justicia Penal que, sobreponiéndose al lastre de sus anacrónicas herramientas, trata de ejercer dignamente su función”, añadía Cándido-Conde Pumpido.