La sede del Instituto en León alberga diferentes sesiones de trabajo dedicadas a temáticas como las tipologías de delitos, la cooperación internacional o las respuestas legales frente a los ataques a los sistemas de información

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, acoge desde hoy y hasta el viernes 18 de noviembre las Jornadas de Especialistas en Criminalidad Informática, en la que participan fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expertos de INCIBE.

Las Jornadas han sido inauguradas por el Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha destacado en su intervención que la velocidad con la que la información se difunde, la facilidad para viralizarla y la perdurabilidad del entorno en línea, “entrañan situaciones de riesgo que en ocasiones resultan difíciles de combatir y que aumentan exponencialmente el daño a las víctimas. Y el Ministerio Fiscal está ahí para garantizar sus derechos. Estas jornadas suponen un foro de enorme utilidad para el intercambio de experiencias y conocimientos en las materias de mayor actualidad”.

Por su parte, Carla Redondo, secretaria general de INCIBE, destacó que “este nuevo escenario está sembrado de grandes oportunidades, pero también de incertidumbres, riesgos y amenazas, por eso hemos de apostar por la colaboración entre entidades con iniciativas como la que arrancamos hoy aquí para lograr la máxima eficacia en la lucha contra los ciberdelitos y la protección de los derechos”.

La jornada inicial comenzó con una sesión de trabajo a cargo de Elvira Tejada de la Fuente, Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, en la que se analizó de la actividad desarrollada por las Oficinas de Enlace con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Durante los tres días de duración de estas jornadas se trabajará sobre diferentes temáticas como la cooperación internacional, las respuestas legales frente a los ataques a los sistemas de información, los delitos contra la intimidad personal y la libertad o la investigación de los delitos de pornografía infantil.