La Universidad Internacional Menendez Pelayo (UIMP) ha celebrado durante la primera semana de agosto, el curso “La trata de seres humanos: prevención, protección y persecución”, en el que la Fiscalía General del Estado ha participado con la intervención de la Fiscal Patricia Fernández Olalla, adscrita al Fiscal de Sala de Extranjería, con una larga experiencia en este tipo de delitos y problemática.

Una experiencia también de carácter formativo por tratarse de la tercera vez que Fernández Olalla participa en los seminarios que la UIMP dedica a la Trata de Seres Humanos. El primer año para exponer la reforma del código penal y la tipificación del delito de trata, el segundo para abordar los problemas que entraña la falta de persecución de algunas conductas vinculadas con la explotación sexual, y en esta ocasión para profundizar en la protección de las victimas desde el punto de vista del proceso penal.

“Protección procesal y también extraprocesal a las victimas, porque una influye en la otra”, apunta la Fiscal Fernández insistiendo en que la colaboración de la victima con las autoridades policiales en la investigación del delito “no debería restarles credibilidad subjetiva como testigos en el proceso penal”.  Una interpretación recogida en algunas sentencias dictadas por algunas audiencias provinciales españolas, señala.

Precisamente, para ampliar el espectro de formación a los jueces de instrucción, la Fiscal de Extranjería ha valorado muy positivamente la participación de Antonio Viejo Llorente, Magistrado Decano de Madrid, conjuntamente con las de Emilio Baos Arrabal y José Ángel González Morán, comisarios de la “Comisaría General de Extranjería y Fronteras”, quienes han aportado la  perspectiva interdisciplinar necesaria para poder combatir la explotación sexual, con mayor rigor.

El curso perseguía, en términos generales, analizar el fenómeno migratorio desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, teniendo en cuenta los compromisos internacionales sobre la materia y los riesgos y amenazas que la falta de coordinación de las autoridades y gobiernos de los diferentes países puede comportar. 

Asimismo, poder plantear y resolver algunas cuestiones clave sobre la gestión de los flujos de población y del trato a sus protagonistas y ello desde un enfoque eminentemente práctico, pero también con un dominio profundo de la problemática inherente a la aplicación de la normativa vigente en nuestro país y de los compromisos internacionales.