El canal de televisión británico Channel 4 se ha interesado por el papel que desarrolló la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el llamado “Caso Falciani”. El ciudadano monegasco que fue detenido el 1 de julio de 2012 en Barcelona después de que las autoridades de Suiza le acusaran de delitos contra el servicio de inteligencia económica, sustracción de información y violación del secreto comercial y bancario.

Falciani, informático del banco HSBC que manejaba información de sus operaciones financieras, había denunciado a la entidad bancaria por presunto blanqueo de capitales.

El Ministerio Público español se opuso a su extradición alegando el incumplimiento del principio de doble incriminación entre España y Suiza, aun cuando los hechos que se le imputaban a Falciani podrían estar recogidos en el Código Penal español. La justicia española consideró que el informático cumplió con el deber civil de denunciar los hechos delictivos de los que tuvo conocimiento.

En la extensa entrevista realizada por el canal británico para el documental que se emitirá en unos días, la fiscal Dolores Delgado ha comentado numerosos pormenores sobre el procedimiento judicial llevado a cabo en este caso, entre ellos la participación de distintas autoridades judiciales internacionales y la puesta en escena de diferentes sistemas procesales en el ámbito de la cooperación internacional. Todos ellos tendentes a intentar aclarar, ante la opinión pública británica, las razones que llevaron a Falciani a denunciar a la entidad financiera para la que trabajaba.

El papel de la justicia española en este caso se topó con un asunto peliagudo, cuyas ramificaciones eran muy extensas. En 2012, un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos desveló que, durante años, el HSBC había blanqueado dinero de los cárteles mexicanos y de otras organizaciones criminales de Rusia, Irán, Arabia Saudita y Bangladesh. Dolores Delgado, en su momento definió al banco como “un paraíso fiscal en si mismo”.

Tanto es así que, varias demandas civiles alegaron que la entidad financiera, por medio de una filial, había dado líneas de liquidez a dos de los terroristas que secuestraron los aviones de los atentados del 11-S. El HSBC reconoció los errores y terminó aceptando pagar una multa de 1.920 millones de dólares para evitar cargos en la investigación criminal.

El Tribunal Supremo español confirmó la sanción de 2,1 millones de euros que el Ministerio de Economía impuso al banco HSBC por infringir varias medidas de prevención del blanqueo de capitales, entre ellas la de no identificar a los clientes que contrataron desde España 138 cuentas con su filial suiza.