El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce Lifante,   y el  Presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo Barturen,  han formalizado un Convenio de Colaboración  con la  finalidad de impulsar la promoción y protección de los derechos de la infancia en España, en virtud de los compromisos que el ordenamiento jurídico atribuye a ambas instituciones en defensa de los intereses de las personas menores de edad.

En el caso de la Fiscalía General del Estado estas atribuciones se encauzan a través de la figura de la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Consuelo Madrigal, — también presente en el momento de la rúbrica—. 

La Fiscalía de Menores  asume tareas específicas de impulso y participación en la adopción de Protocolos y Convenios de coordinación y colaboración con los demás organismos implicados en la Justicia Juvenil y en la protección jurídica de los menores, conforme a la Instrucción de la Fiscalía General del Estado  FGE 3/2008, de 30 de julio.

El convenio firmado extiende su colaboración mutua al desarrollo de actividades formativas de ambas instituciones, mediante la participación de representantes de UNICEF en los cursos de formación  inicial y formación continuada de los miembros de la Fiscalía y la participación de Fiscales en actividades de formación de personal y voluntarios de UNICEF.

Asimismo pretende desarrollar actividades relacionadas con la difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño y la generación de espacios de debate en torno a su aplicación en España.  En este sentido, contempla la realización de eventos conjuntos, la participación de miembros de una institución en actividades organizadas por la otra y  la publicación conjunta de artículos y estudios relacionados con el menor.

En particular, ambas instituciones se comprometen a colaborar activamente en la difusión de la doctrina y propuestas de la Fiscalía General del Estado sobre los derechos de las personas menores de edad, así como de las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño.

Colaboración específica en torno a materias concretas de interés mutuo, tales como la protección reforzada de colectivos infantiles especialmente vulnerables, el derecho del niño a ser escuchado, los derechos de la infancia en los medios de comunicación,  la pobreza infantil o la infancia migrante.