Tras nueve meses de sesiones, el juicio por el hundimiento del petrolero Prestige, que comenzó el 16 de octubre de 2012, quedó visto para sentencia.

En la última semana del juicio, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, visitó las instalaciones de Expocoruña, donde se habilitaron unas excelentes dependencias para la celebración de un juicio que ha exigido un enorme despliegue de medios tecnológicos para realizar videoconferencias internacionales, en un sumario que ha superado el millón folios de extensión. Los acusados en este juicio fueron el capitán del barco, Apostolos Mangouras, el Jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el director general de la Marina mercante, José Luis López Sors, que fue la autoridad española que ordenó el alejamiento a mar abierto del maltrecho petrolero.

Durante su visita, Torres-Dulce elogió el trabajo desempeñado durante los años de instrucción judicial y durante la vista oral de Álvaro García Ortiz, secundado en todo momento por la fiscal Luisa Suárez. Asimismo, quiso agradecer a la Xunta de Galicia el enorme esfuerzo realizado para poner a disposición del tribunal la logística necesaria para celebrar un juicio tan excepcional.

Los fiscales del caso explicaron a Torres-Dulce con ayuda de cartas náuticas, planos del barco, fotografías y vídeos realizados por los helicópteros y buques de salvamento marítimo cómo fueron las últimas horas antes del naufragio del Prestige, y el historial y condiciones del petrolero antes de su partida de San Petesburgo. un viejo petrolero monocasco botado en 1976 que no cumplía ninguna de las condiciones mínimas de navegabilidad, y que jamás debió partir de ningún puerto con una nociva carga de casi 70.000 toneladas de fuel.

Una de las cuestiones latentes durante los meses del juicio fue la decisión de alejar de la costa el petrolero con una fisura en uno de sus tanques centrales. En opinión del fiscal, la decisión del alto funcionario, era legítima, y estaba dentro de las escasas opciones que el estado del petrolero permitía.

En sus conclusiones finales, el Ministerio Público, en una pericial realizada por la propia fiscalía, siendo la primera vez que en un proceso penal en el mundo se trata de hacer una evaluación global, incluyendo el daño ecológico, de una catástrofe de esta naturaleza, valoró los daños sufridos y el coste de la limpieza en el litoral español, portugués y francés en 4.338 millones de euros, el mayor desastre ecológico que ha padecido España.