La Asociación Internacional de Fiscales une a los Ministerios Públicos para conseguir la máxima eficacia en la persecución del delito

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en su calidad de Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), ha asistido en Buenos Aires (Argentina), a la III Conferencia Regional para América Latina de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), desarrollada bajo el título de “Eficacia en la Persecución Penal”. Un foro más donde poner de manifiesto la importancia que hoy tiene el Ministerio Público como “una institución llamada a desarrollar funciones esenciales como como pilar central del Estado de Derecho”.

En este sentido, el Fiscal General, sin obviar esa función de los respectivos Ministerios Públicos en cada uno de sus países, debe responder también, según detalló, a “los nuevos retos que plantean las nuevas formas de delincuencias, cada vez menos limitadas a actuar en un solo territorio”. Para ello, se requiere contar con profesionales idóneos y formados en materias concretas. Es por ello, prosiguió, seguir aunando esfuerzos en aras a coadyuvar la superposición de tres estructuras. Una fuerte implantación territorial, que permita obtener una visión de conjunto y generar las bases de una Política Criminal eficaz; una sólida especialización en esas materias especialmente relevantes, y, sobre todo, un sistema ágil y eficaz de cooperación internacional, imprescindible en este momento histórico en que no existen fronteras para el delito.

Esa especialización de los Fiscales para enfrentar a la evolución de la criminalidad está ampliamente respaldada en Europa y ha sido enfatizada en el punto 8 de la Recomendación 19/2000 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el papel del Ministerio Fiscal en el sistema de Justicia penal. La recomendación aconseja la especialización “como prioridad tanto en lo que se refiere a la organización del Ministerio Fiscal como a la formación o al desarrollo de las carreras. Igualmente se deberá fomentar recurrir a equipos de especialistas incluyendo equipos multidisciplinarios, destinados a cooperar con los miembros del Ministerio Fiscal en sus tareas”.

En este punto, quiso el Fiscal General hace un resumen de la organización especializada de la Fiscalía existente en España. Con una primera, la de la Audiencia nacional, competente esencialmente en materia de terrorismo y en el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial de España. Una Fiscalía Especial contra la corrupción y la delincuencia organizada con competencia para la persecución de delitos económicos relacionados con la corrupción de los poderes públicos y los delitos más complejos cometidos de forma organizada. Y, en tercer lugar, la Fiscalía Especial Antidroga, dedicada exclusivamente a la persecución del narcotráfico y del blanqueo de capitales relacionado con él, igualmente dotada de unidades policiales adscritas y apoyada externamente por otros servicios del Estado, incluida la autoridad aduanera.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Antidroga cuentan, además de con una oficina centralizada en Madrid, con una red de Fiscales delegados con sede en aquellos territorios del Estado donde se produce una mayor incidencia de la actividad delictiva que corresponde a su respectiva competencia. De este modo es posible establecer una acción coordinada y coherente del Ministerio Fiscal en esta materia.

Sin embargo el principio de especialización no se limita a estas Fiscalias centralizadas con competencia en todo el territorio nacional sino que lo hemos extendido a otras materias. En primer lugar, a la protección y tratamiento de los menores, que son objeto en nuestro sistema de justicia de una jurisdicción especial que actúa incluso con principios distintos y novedosos, es en la jurisdicción de menores donde en España el Fiscal despliega toda su actividad investigadora.

La lucha contra la delincuencia medioambiental y el urbanismo, es otra de las materias objeto de tratamiento especializado. La dificultad del manejo de una normativa muy específica combinada con la necesidad de conocimiento de aspectos técnicos y científicos muy especializados aconseja que estos delitos sean abordados con cuidado por profesionales bien formados y con experiencia en la materia.

Igualmente requiere una atención especializada la materia de la violencia contra la mujer -en este caso son esencialmente las victimas quienes reclaman una atención específica-, u otras como la seguridad vial, la ciberdelincuencia, y el tratamiento penitenciario se han ido más recientemente incorporando a este tratamiento especializado. A nadie se le oculta que todas ellas presentan perfiles que demandan muy concretos conocimientos y justifican esta nueva forma de organización.

En el tratamiento de estas materias la especialización no ha dado lugar a la creación de Fiscalias especiales sino que, como había dicho, optamos por un modelo de especialización coordinada en vertical en el que la especialidad se concreta través de la creación secciones específicas en estas materias en cada una de las Fiscalias territoriales. Estas secciones están dirigidas en el territorio por un Decano y coordinadas a nivel estatal por un Fiscal delegado del Fiscal General. De esta forma conseguimos una dirección ágil, coherente y eficaz y garantizamos del principio de unidad de actuación cuyo corolario directo, no se olvide, es la igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos.