El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, los ministros de Interior, Antonio Camacho; de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez Sánchez; de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín; y la vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, han firmado el acuerdo para la implantación del Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos.

Acuerdo justificado por el hecho de que la trata de seres humanos es una gravísima violación de los derechos fundamentales que vulnera, entre otros, los derechos a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la libre elección del trabajo. Es considerada como uno de los delitos más graves a nivel mundial que supone, además, para sus víctimas, una nueva forma de esclavitud.

Además, España ha ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (Convenio núm. 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005, y el Código Penal, tras su modificación por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, tipifica por primera vez la trata de seres humanos como delito y elimina su regulación como circunstancia agravante del delito de tráfico ilegal de inmigrantes.

Asimismo, la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009 y la Ley Orgánica 10/2011, establece un estatuto específico para las personas extranjeras en situación irregular víctimas de trata de seres humanos, recogiendo al respecto tanto las previsiones de la Directiva 2004/81/CE, del Consejo, de 29 de abril, como del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos.

Y, en España, con fecha 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que pretende la sensibilización de la sociedad para promover reacciones de tolerancia cero contra los actos delictivos relacionados con la trata, combatir sus causas a través de políticas activas de cooperación con los países de origen, tránsito y destino, asegurar la atención y protección a las víctimas, contar con la participación de las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la materia, y luchar decididamente contra los tratantes.