La Fiscalía General del Estado, en el marco de la transparencia informativa que pretende impulsar, quiere realizar las siguientes aclaraciones en relación con la decisión adoptada por el Consejo Fiscal el pasado día 20 de diciembre.

El art. 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regula el modo de dirimir los desacuerdos entre los Fiscales y sus superiores jerárquicos.

Este precepto dispone que “el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola”.

El Consejo Fiscal, a propuesta del Fiscal de Sala Inspector analizó como debía interpretarse este precepto cuando dice  “planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que  ésta  se  manifieste,  resolverá  definitivamente”.

La duda tiene su origen en la interpretación realizada por el Fiscal Jefe de Madrid, que ante una discrepancia de criterio con un Fiscal sometió la cuestión  a la Junta de Fiscales, sin que formalmente se procediera a la votación.

El Consejo Fiscal por unanimidad ha considerado que la interpretación más correcta del citado artículo es la de que la Junta de Fiscalía debe expresar su parecer votando.

El Consejo Fiscal ha considerado que al no haberse producido formalmente la votación se habría incurrido en un defecto formal en la tramitación de la discrepancia.

Esta decisión unánime del Consejo Fiscal, ha motivado que el Fiscal General del Estado acuerde que se proceda a la subsanación del defecto observado, y que por tanto se convoque nueva Junta de la Fiscalía de Madrid y se vote.

Los acuerdos del Consejo Fiscal y del Fiscal General no analizan la cuestión de fondo que ha motivado la discrepancia.