Diversas instituciones involucradas en la lucha contra los denominados delitos de odio, se han reunido hoy para renovar la firma del Convenio de Cooperación Institucional, firmado por primera vez el 21 de septiembre de 2015, contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

El Acuerdo ha sido suscrito por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación y Formación profesional, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Centro de Estudios Jurídicos para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la lgbtifobia y otras formas de intolerancia.
Como herramientas para luchar contra este tipo de delincuencia los firmantes se han comprometido una vez más a organizar y realizar conjuntamente actividades de formación y sensibilización a través de conferencias, seminarios, jornadas y cursos, contando con la  asistencia o participación de terceras instituciones, “que sean de especial interés para mejorar los objetivos institucionales de cada una de las partes”, apuntan.

El Fiscal de Sala  Alfonso Aya Onsalo ha rubricado la renovación del Convenio Interministerial. Aya Onsalo es el Fiscal Delegado en los asuntos de esta materia y además, a lo largo del presente año,  ha ejercido además la presidencia de la Comisión Permanente prevista en el Convenio.

El resto de firmantes son:

Por parte del Ministerio de Justicia,  Manuel Jesús Dolz Lago, Secretario de Estado de Justicia; María de las Heras García, Directora del Centro de Estudios Jurídicos; por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional; por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Consuelo Rumí Ibáñez, Secretaria de Estado de Migraciones.

Desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, firma Soledad Murillo de la Vega, Secretaria de Estado de Igualdad; por parte del Ministerio de Cultura y Deportes, Mª José Rienda Contreras, Presidenta del Consejo Superior de Deportes; por el Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, Subsecretaria.

Finalmente por parte del Consejo General del Poder Judicial rubrica el Convenio, José Antonio Ballesteros, vocal del CGPJ.

El papel de Fiscalía General del Estado en la lucha contra los delitos de odio

La Fiscalía ha querido potenciar y optimizar la actividad del Ministerio Fiscal en este ámbito ante la necesidad de ofrecer una respuesta institucional al problema de la discriminación y la situación de desprotección efectiva en que se encuentran las victimas de estas conductas.
 

Para ello nombró a un Fiscal delegado para la lucha contra los Delitos de Odio y creo Red de Fiscales Delegados para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación para cada Provincia, designados a finales del mes de marzo de 2013.
 

En la sección diferenciada de la Memoria de la Fiscalía General del Estado en relación a estos delitos, se analiza  la evolución de la criminalidad, las mejoras de carácter legislativo y se debate sobre las sentencias, en las que se trata de delimitar hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza el ataque delictivo hacia los derechos de los demás.

Con este control estadístico, la detección temprana de estas conductas ilícitas no solo facilita su correcta valoración, persecución y sanción, sino que también permite disponer de datos reales sobre la incidencia de este fenómeno en el ámbito nacional y en espacios geográficos determinados, así como sobre su evolución, y también sobre la identificación de los grupos o colectivos de riesgo, es decir aquellos que con mayor frecuencia o intensidad son objeto de este tipo de agresiones.

Entre el resto de funciones que asume el Ministerio Fiscal en la protección de víctimas de estos delitos está el de vigilar el cumplimiento de los deberes asumidos por España en los tratados internacionales y de los fijados en las normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico interno, así como las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.