La Fiscal de Sala de la Unidad coordinadora de Discapacidad y Mayores de la FGE, María José Segarra, se ha sumado a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y ha recordado que queda aún mucho camino por recorrer para hacer más accesible la justicia a este colectivo. En este sentido, Segarra ha destacado la obligación que tienen todos los operadores jurídicos de mejorar la comunicación a las personas con discapacidad, asegurar que puedan ser escuchadas y comprendidas en cualquier tipo de procedimiento y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Entre ellos, con especial relevancia, la tutela judicial efectiva, ha explicado.

En España viven más de 4 millones de personas con algún tipo de discapacidad, según la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de dependencia, del INE. Con este dato sobre la mesa, María José Segarra ha valorado también el camino que ya se ha recorrido. Así, ha destacado el cambio fundamental que ha supuesto la Ley 8/2021 en la vida de estas personas, al eliminar las incapacitaciones judiciales y otorgarles mayor autonomía para tomar sus propias decisiones.

“De un modelo protector, sustitutivo de la voluntad de las personas con discapacidad, se ha pasado a un modelo que apoya su autonomía”, ha dicho. En esta nueva visión, el fiscal ha tenido que cambiar su modo de actuar. Así, ha subrayado, que “de defender en el procedimiento judicial lo que el fiscal pensaba que era el interés de la persona con discapacidad ha pasado a defender la voluntad, deseos y preferencias de esas personas, ayudando a su formulación mediante la adopción de los apoyos oportunos”.

“Todos somos apoyo de todos"

La Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Discapacidad también ha hecho hincapié en que el mandato de la ley no implica solo a las instituciones, sino a todas las personas. En este sentido, ha recalcado que toda la sociedad debe implicarse para asegurar el ejercicio de los derechos de este colectivo en plena igualdad: “Todos somos apoyo de todos”, ha enfatizado.

Con esta ley, considera, se ha culminado un proceso de profunda transformación del ordenamiento jurídico del país.  En ello, ha indicado, ha tenido un particular liderazgo la Fiscalía, dictando sucesivas instrucciones para adaptar el marco legal español al necesario impulso de la plena igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que marcó la Convención de Nueva York en 2006.

Segarra ha recordado que otro hito relevante para este colectivo fue la restitución a finales de 2018 del derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente con arreglo a la legislación anterior, aunque queda como cuestión pendiente la adecuación del artículo 49 de la Constitución.