Entrevista en La Vanguardia. Texto: Manel Pérez/Carlota Guindal. Foto: El fiscal Alejandro Luzón en su despacho en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en el centro de Madrid (Dani Duch).

Los fiscales se sienten incómodos en las entrevistas, prefieren expresarse exclusivamente a través de sus escritos. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, no es una excepción. Responde de forma contenida a las preguntas formuladas, calculando las posibles repercusiones de sus respuestas en la instrucción de las causas. Lacónico en extremo al referirse a la operación Catalunya, una supuesta red que involucró a miembros del Gobierno, jefes policiales e integrantes del poder judicial para hacer frente de forma ilegal a la crisis independentista.

¿Ha sido un acierto la creación de esta Fiscalía Anticorrupción?
Nació hace veinticinco años para abordar la corrupción y la gran delincuencia económica desde una perspectiva de especialización orgánica y funcional ante una criminalidad diferente y también para sosegar el crispado clima social y político entonces existente en España, propiciado por los graves casos de corrupción que habían estallado ruidosamente en los medios de comunicación (Roldán, Banesto,De la Rosa, Filesa…). Pasados los años, la Fiscalía está plenamente consolidada.

¿Una Fiscalía que lucha contra la corrupción política, policial o empresarial, es un objetivo al que atacar?
Posiblemente. El desprestigio de la Fiscalía interesa a muchas personas, empezando por los investigados y en los últimos tiempos estamos asistiendo a todo un arsenal de querellas infundadas contra miembros de la Fiscalía. Pero no es bueno que nos victimicemos y pensemos que somos objetivo de los poderosos. Nos debemos limitar a hacer nuestro trabajo con rigor, seriedad y objetividad. Si lo hacemos así seremos invulnerables. Por otro lado, es innegable que existen presiones mediáticas, pero no hemos sufrido directamente presiones políticas para actuar de una u otra manera.

El extesorero del PP Luis Bárcenas dice en su escrito entregado a esta Fiscalía que su actuación fue propia de una época en España…
Es cierto. Por ejemplo, desde el 2015 es delito la financiación de partidos políticos y se han reforzado las normas sobre transparencia, incluidas las relativas a las donaciones. Pero las repercusiones de estas reformas aún están por verse. La imaginación del delincuente va siempre por delante de la del legislador. Se detectan mecanismos de blanqueo y aparecen otros nuevos.

La opinión pública asocia Fiscalía Anticorrupción con causas interminables.
Las investigaciones de Anticorrupción suelen ser rápidas y se ralentizan más cuando entran en el proceso judicial y se convierten en macrocausas, porque la instrucción penal está sobredimensionada y resulta ineficaz para combatir las más graves formas de delincuencia económica organizada.

¿Qué le parecen las acusaciones de Pablo Casado contra Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado, a la que señala de filtrar el escrito de Bárcenas reconociendo la financiación ilegal del PP en plena campaña?
No voy a comentar a ningún político, es un contexto que me es ajeno y un ámbito propio en el que no debo entrar. Pero ya hemos dicho que la Fiscalía no se ha dirigido a Bárcenas, ni ha buscado su ayuda, que no necesita, para el juicio que acaba de comenzar en la Audiencia Nacional. Es una iniciativa exclusivamente de Bárcenas y de su defensa, ligada a sus lógicas pretensiones procesales y transmitida por él a los medios. No puedo admitir que se diga que la Fiscalía esté buscando algún tipo de pacto para perjudicar a un partido político. No es justo con los fiscales de una Fiscalía que tiene una trayectoria ejemplar en la persecución de la corrupción, proceda del partido político que proceda. Me molesta este relato, utilizado históricamente por unos y otros partidos, basado exclusivamente en un supuesto pecado original que mancha al fiscal general del Estado por haber sido nombrado por el Gobierno y según el cual el Gobierno dirige al fiscal general, quien a su vez ordena la actuación de la Fiscalía por medio de un jefe títere. En mi experiencia, es falso.

Su Fiscalía siempre ha mantenido un plano discreto hasta la llegada de su antecesor, Manuel Moix. ¿Perjudicó su imagen?
En los meses que duró su mandato hubo demasiado ruido, pero la actuación de Anticorrupción siempre ha sido ajustada a la ley. Nuestra actuaciones vienen recibiendo un muy mayoritario respaldo de nuestros jueces y tribunales. No soy el más adecuado para decirlo, pero creo que nos hemos ganado un cierto prestigio que, sin caer en una siempre perniciosa autocomplacencia, debe hacernos sentir orgullosos del trabajo realizado.

¿La corrupción de Convergència es propia de una época concreta, como es el caso Palau, el 3% o los Pujol?
Sí, sin duda, aunque se trata de procedimientos en tramitación, en alguno de los cuales vamos a presentar próximamente el escrito de acusación y no me gustaría adelantar conclusiones.

El origen de la investigación del caso Pujol, comenzó con el hijo del expresident, tras una denuncia de su examante y del condenado Javier de la Rosa, todo organizado por José Manuel Villarejo. ¿Teme que este inicio pueda anular la instrucción?
No lo creo, pero al estar en tramitación no quiero anticipar posiciones de la Fiscalía.

Se ha hablado mucho de la operación Catalunya. ¿Cree que existió?
No hay ninguna pieza dentro del caso Tándem –la macrocausa sobre Villarejo- relativa a la operación Catalunya. En Tándem se investigan actuaciones ilícitas relacionadas con delitos de coacciones, cohecho o revelación de secretos, entre otros, con la organización de Villarejo como nexo de unión, pero no tenemos evidencia de actuaciones ilegales en lo que se ha dado en llamar operación Catalunya.

¿Y dónde sitúa el informe fantasma de la UDEF sobre Mas o el robo del pendrive de los Pujol?
Es anterior a mi llegada a la Jefatura y supuestamente se refiere a pasadas y discutibles actuaciones policiales. Hasta donde yo sé, nunca se dio credibilidad a investigaciones policiales que no vinieran respaldadas por indicios objetivos ni desde luego se “afinaron” en Fiscalía. En la actualidad, la actuación de la UDEF en general y de su Unidad adscrita a esta Fiscalía en particular es ejemplar y estoy enormemente satisfecho con su trabajo, como lo estoy con el de la Unidad de la Guardia Civil.

Hay una sensación de que además de rechazar estas investigaciones podrían haber ido contra aquellos que han intentado introducir este tipo de sospechas contra dirigentes públicos.
Entre la presentación al juez o al fiscal de datos incriminatorios que no son suficientes para iniciar una investigación o que puedan incluso resultar nulos y la comisión de un delito hay una distancia que no se puede recorrer automáticamente. Como he dicho, es una etapa que yo no he vivido como jefe pero en la que tampoco he detectado comportamientos punibles.

¿Le sorprende que las principales empresas de este país hayan contratado a Villarejo?
Algunas empresas, no puedo aventurar cuántas exactamente. Sí es llamativo, quizá porque ahora se presenta en los medios a Villarejo como un personaje caricaturesco, pero en esos tiempos, no lo olvidemos, era comisario de policía. En todo caso, se trata de una causa viva sobre la que no debo pronunciarme, más allá de respetar a quien se ve sometido a un proceso penal y, desde luego, a su presunción de inocencia.

¿Ha conseguido poner en jaque al Estado?
No diría que ha puesto en jaque a un Estado democrático de derecho como el nuestro, plenamente desarrollado y suficientemente sólido como para aguantar conductas y revelaciones que, obviamente, sí han producido un escándalo grave y han ocasionado cierto daño institucional. Pero el sistema judicial español está preparado para dar respuesta a este y a cualquier otro desafío.

¿Habrá noticias a corto plazo de las diligencias sobre el rey emérito?
Esperamos ir cerrando las distintas investigaciones a medida que se vayan cumplimentando las diligencias pendientes.

¿Existió un choque entre la Fiscalía General y Anticorrupción por la investigación al Emérito?
No. Lo que pasó es que a la fiscal general le disgustó, comprensiblemente, que se filtrara la existencia de una investigación delicada de la Fiscalía Anticorrupción y a mí, igualmente molesto por la filtración, no me gustó que se diera por supuesto que procedía de Anticorrupción. Se incoó el correspondiente expediente gubernativo para averiguar estos hechos, que ya se concluyó. En cuanto a la investigación en sí, colaboro con la Fiscalía del Tribunal Supremo a petición de la propia fiscal general.

¿Controla la fiscal general sus investigaciones?
Si por control entendemos que está enterada, en términos generales, de lo que hacemos, sí. Estatutariamente es su responsabilidad conocer nuestro trabajo y mi obligación darle cuenta de él. Ahora bien, si por control se refiere a que la fiscal general condiciona nuestro trabajo, la respuesta es no. Hemos abierto las investigaciones que hemos considerado oportunas, nunca me ha ordenado el archivo de ninguna investigación ni pedido reabrir nuestras propuestas de archivo, no ha denegado ninguna prórroga a nuestras investigaciones más complejas; no ha modificado una coma de los escritos de acusación presentados en cualquiera de nuestras causas... Lo aprecio como una muestra de confianza en el trabajo de la Fiscalía que permite el grado de autonomía necesario para trabajar eficazmente, como la he tenido, y es de justicia reconocerlo, con los anteriores fiscales generales.

En los últimos meses se acusó desde diversos ámbitos a la Fiscalía de connivencia con Podemos en el asunto Dina.
Una acusación infundada. El Tribunal Supremo ha respaldado nuestro criterio en la pieza Dina. En todo caso, la pieza está todavía en tramitación y, por lo tanto, la Fiscalía no tiene una posición cerrada, pero por el camino nos hemos visto sometidos, también la fiscal general y hasta el propio juez instructor, a descalificaciones sin fundamento.

¿Qué pediría al Gobierno?
A nivel legislativo, llevo años pidiendo que se contemple el delito de enriquecimiento ilícito. Los mecanismos de cohecho se han perfeccionado en los últimos años, ya no encontramos los famosos porcentajes que se ingresan al funcionario a cambio de una adjudicación. Ahora se emplean fórmulas más sofisticadas. Ese enriquecimiento que el funcionario no es capaz de explicar debe ser sancionado. Sin necesidad de dar nombres de casos, todos tenemos en la cabeza asuntos en los que no se ha podido acreditar la corrupción y solo hemos podido acabar acusando por delito fiscal.